Reforma a la Constitución Política del Estado y nuevas Leyes

La reforma a la constitución, respetando los mecanismos que la propia carta magna estipula para sus cambios, es uno de los mejores ejemplos de la institucionalización democrática de Bolivia. El consenso para hacerla fue producto de acuerdos logrados en 1992 (febrero y julio). El Presidente promulgó la constitución reformada, el 12 de Agosto de 1994.

El primer cambio es el del artículo 1º que reza: “Bolivia, libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural, constituida en República unitaria, adopta para su gobierno la forma democrática representativa, fundada en la unión y en la solidaridad de todos los bolivianos”. Se redujo la edad de ciudadanía de 21 a 18 años. Se introdujo las diputaciones uninominales y plurinominales. El 50 % (uninominales) eran elegidos por voto directo en 68 circunscripciones, el otro 50 % se elegía en la lista del Presidente, vicepresidente y senadores. El mandato de Presidente y vicepresidente, senadores y diputados, pasó de cuatro a cinco años, su reelección era posible una sola vez después de un período de cumplido su mandato la elección de ambos en el congreso se circunscribía a los dos primeros. Se creó el tribunal constitucional, el consejo de la judicatura y el defensor del pueblo, y se modificó el régimen municipal (período de cinco años para el alcalde y voto de censura constructiva).

En otras leyes se hicieron aportes estructurales. En el sistema judicial se modificó el código penal aprobado por decreto ley en el gobierno Banzer, se abolió la prisión por deudas y se aprobó la fianza juratoria y la ley contra la violencia familiar.

Se aprobaron también la ley forestal, el código de minería, la ley del Banco Central, la ley del medicamento, la ley del discapacitado, se reformó la ley tributaria (843) y se hicieron varias reformas a la ley electoral.

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Las elecciones municipales de fines del 93 ratificaron la mayoría del MNR. Lo más destacado fue el mal resultado para el MIR (9,3 %) y la ADN (11,4%), al punto que el jefe adenista Hugo Banzer renunció a la jefatura de su partido un mes antes del proceso electoral, previendo el resultado. Se pensó que sería el retiro definitivo de Banzer, pero los hechos políticos lo desmintieron. Por el contrario, en 1997 fue elegido Presidente Constitucional.

El proceso de globalización mundial de la economía (un solo modelo de economía abierta, nuevas tecnologías, revolución de las comunicaciones, internet), condujo a un proceso creciente de integración en diversas regiones del mundo. En ese contexto el 26 de marzo de 1991 se creó el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), mediante acta presidencial firmada en Asunción (Paraguay), con la participación de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Esto implica integrar a finales del siglo XX a 208,5 millones de seres humanos en una superficie de 11,9 millones de kilómetros cuadrados.

Sánchez de Lozada, igual que su antecesor, realizó más de cuarenta viajes al exterior. El país organizó encuentros de la magnitud del Grupo de Río en Cochabamba (1996) con la presencia de 13 jefes de estado, la Cumbre de las Américas para el Desarrollo Sostenible en Santa Cruz (1996) con la participación de más de treinta países. También en diciembre de ese año se realizó la sexta reunión de Primeras Damas de las Américas en La Paz en abril de 1997 la cumbre de Presidentes del Pacto Andino en Sucre.

El hecho más grave del que fue responsable el gobierno de Sánchez de Lozada fue el desenlace sangriento producido en vísperas de la Navidad de 1996 en los centros mineros de Amayapampa, Capacirca y Llallagua. La toma ilegal de minas de propiedad privada (empresa extranjera Dacapo) por parte de mineros que se oponían al trabajo de los propietarios, condujo al gobierno a la intervención de esas minas. Para ello envió un destacamento policial bajo la dirección de su comandante Gral. Willy Arriaza.

Entre 1993 y 1994, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Edgar Oblitas Fernández, y uno de sus magistrados, Ernesto Poppe Martínez, fueron enjuiciados en el senado acusados de prevaricato. La base del juicio fue el soborno pagado al ex- magistrado Hugo Galindo Decker, emisario de los mencionados jueces, por el nicaragüense Antonio Ibarra, sujeto a un pedido de extradición de su país, para que esta solicitud fuese denegada. El senado esta vez sí sentenció a ambos con la destitución de sus cargos y la prohibición del ejercicio profesional por un período de diez años.

El escándalo político de mayor magnitud en este período fue el llamado “Narcovínculos”. La detención de Isaac “Oso” Chavarría y Carmelo “Meco” Domínguez, acusados de desarrollar actividades de narcotráfico, llevó al descubrimiento de papeles personales de Chavarría y acusaciones de Domínguez, que parecían involucrar al ex - Presidente Jaime Paz Zamora y otros dirigentes miristas, entre ellos Óscar Eid Franco.

Como casi todas las medidas de cambio del gobierno, la aprobación de la ley INRA (del Instituto Nacional de Reforma Agraria), a pesar del consenso previo, provocó serias confrontaciones, entre ellas una de las mayores movilizaciones campesinas de la historia a la ciudad de La Paz (octubre de 1996). Tras las concentraciones masivas y enfrentamientos callejeros, el parlamento aprobó una ley que en los hechos es una nueva ley de tierras que sustituye al decreto de reforma agraria de 1953.