El Colapso del Estaño y la Marcha por la Vida

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El 21060 fue diseñado sobre la idea de un precio promedio de 5.5 dólares por libra fina de estaño. En octubre de 1985 el mercado de Londres (el más importante de este mineral) se desplomó, dejando sin cotización al estaño. En 1986 el promedio bordeó los 2,5 dólares por libra fina. Esto obligó a la adopción de medidas radicales. Las pérdidas acumuladas de COMIBOL superaban los 750 millones de dólares en los últimos diez años y el costo de producción en algunas minas quintuplicaba su cotización internacional.

En este contexto, y ante una circunstancia exógena que modificó todas las previsiones, se decidió la relocalización (léase despido) de 23.000 mineros de una planta de 30.000 que tenía COMIBOL, lo que provocó la denominada “Marcha por la vida”. Los trabajadores varios miles marcharon de Oruro a La Paz para exigir su permanencia en la empresa. Era la medida de despido masivo más radical que había tomado gobierno alguno en toda la historia republicana. El gobierno decretó el segundo estado de sitio (agosto 86) y envió al ejército a detener la marcha en Calamarca (a 60 km. de La Paz). Tras largas horas de tensión y amargura de los trabajadores, se llegó a un acuerdo que evitó un derramamiento de sangre de imprevisible magnitud. Los mineros fueron devueltos a Oruro y el plan del gobierno continuó. Ese episodio marcó el punto de inflexión que determinaba el fin de una era de poder sindical. Pocas semanas antes Juan Lechín había dejado para siempre el liderazgo de la COB y h FSTMB, que había detentado ininterrumpidamente desde 1946. Su renuncia ratificaba el carácter simbólico de este momento.

La consecuencia fue una situación social muy grave: bajo nivel salarial y alto desempleo. Se produjo un incremento muy intenso de la economía informal en las principales ciudades que se vieron inundadas por vendedores callejeros, contrabandistas, lo que las estadísticas definen elegantemente como trabajadores por cuenta propia. Se abrió así una brecha entre la formalidad y la informalidad que fue una de las constantes más graves de la economía boliviana de allí en adelante y uno de los caldos de cultivo para la violencia y las posiciones radicales contrarias al sistema imperante. El otro aspecto fundamental de la relocalización fue el de los procesos masivos de migración del occidente al trópico cochabambino y a las grandes ciudades del eje. El movimiento cocalero alimentado por la experiencia sindical y movilizadora de muchos ex - trabajadores mineros, cobró una fuerza que cambiaría la historia del país.

El esfuerzo más significativo del gobierno del MNR para paliar esta dramática realidad, fue la creación del Fondo Social de Emergencia dirigido por Fernando Romero, que ejecutó más de 1.000 proyectos con una inversión de mas de 150 millones de dólares, resolviendo de manera parcial el problema de mano de obra, ya que estos proyectos tenían como objetivo precisamente un uso intensivo de mano de obra (empedrado de caminos, alcantarillado, etc.).

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Las elecciones municipales de fines del 93 ratificaron la mayoría del MNR. Lo más destacado fue el mal resultado para el MIR (9,3 %) y la ADN (11,4%), al punto que el jefe adenista Hugo Banzer renunció a la jefatura de su partido un mes antes del proceso electoral, previendo el resultado. Se pensó que sería el retiro definitivo de Banzer, pero los hechos políticos lo desmintieron. Por el contrario, en 1997 fue elegido Presidente Constitucional.

El proceso de globalización mundial de la economía (un solo modelo de economía abierta, nuevas tecnologías, revolución de las comunicaciones, internet), condujo a un proceso creciente de integración en diversas regiones del mundo. En ese contexto el 26 de marzo de 1991 se creó el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), mediante acta presidencial firmada en Asunción (Paraguay), con la participación de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Esto implica integrar a finales del siglo XX a 208,5 millones de seres humanos en una superficie de 11,9 millones de kilómetros cuadrados.

Sánchez de Lozada, igual que su antecesor, realizó más de cuarenta viajes al exterior. El país organizó encuentros de la magnitud del Grupo de Río en Cochabamba (1996) con la presencia de 13 jefes de estado, la Cumbre de las Américas para el Desarrollo Sostenible en Santa Cruz (1996) con la participación de más de treinta países. También en diciembre de ese año se realizó la sexta reunión de Primeras Damas de las Américas en La Paz en abril de 1997 la cumbre de Presidentes del Pacto Andino en Sucre.

El hecho más grave del que fue responsable el gobierno de Sánchez de Lozada fue el desenlace sangriento producido en vísperas de la Navidad de 1996 en los centros mineros de Amayapampa, Capacirca y Llallagua. La toma ilegal de minas de propiedad privada (empresa extranjera Dacapo) por parte de mineros que se oponían al trabajo de los propietarios, condujo al gobierno a la intervención de esas minas. Para ello envió un destacamento policial bajo la dirección de su comandante Gral. Willy Arriaza.

Entre 1993 y 1994, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Edgar Oblitas Fernández, y uno de sus magistrados, Ernesto Poppe Martínez, fueron enjuiciados en el senado acusados de prevaricato. La base del juicio fue el soborno pagado al ex- magistrado Hugo Galindo Decker, emisario de los mencionados jueces, por el nicaragüense Antonio Ibarra, sujeto a un pedido de extradición de su país, para que esta solicitud fuese denegada. El senado esta vez sí sentenció a ambos con la destitución de sus cargos y la prohibición del ejercicio profesional por un período de diez años.

El escándalo político de mayor magnitud en este período fue el llamado “Narcovínculos”. La detención de Isaac “Oso” Chavarría y Carmelo “Meco” Domínguez, acusados de desarrollar actividades de narcotráfico, llevó al descubrimiento de papeles personales de Chavarría y acusaciones de Domínguez, que parecían involucrar al ex - Presidente Jaime Paz Zamora y otros dirigentes miristas, entre ellos Óscar Eid Franco.

La reforma a la constitución, respetando los mecanismos que la propia carta magna estipula para sus cambios, es uno de los mejores ejemplos de la institucionalización democrática de Bolivia. El consenso para hacerla fue producto de acuerdos logrados en 1992 (febrero y julio). El Presidente promulgó la constitución reformada, el 12 de Agosto de 1994.