La apertura democrática de principios de los ochenta tuvo dos características, la recuperación total de libertades ciudadanas y la imposición de un modelo de economía abierta. El primero en el gobierno de Siles y el segundo en el de Paz Estenssoro. El desarrollo de ambos conceptos se apoyó en una democracia de pactos surgida tras la crisis de gobernabilidad de la UDP. Ante la imposibilidad de ningún candidato de lograr el 50 % más uno de los votos por más de veinte años, se impuso la lógica de lograr acuerdos entre los partidos mayoritarios para tener mayoría congresal y cogobernar.
Bolivia llegó a la guerra del Chaco después de cincuenta años de aplicación del modelo liberal que logró una esta utilidad admirable para un país que había vivido la inestabilidad política crónica desde 1839 hasta 1880, en una alternancia entre gobiernos precarios y breves y largas dictaduras.
El agotamiento de la economía abierta y la democracia restringida tenía que ver no solamente con el lógico desgaste de su aplicación, sino sobre todo con la insuficiencia de construir una nación dándole la espalda a la mayoría. La insistencia en mantener un sistema de discriminación y explotación sobre un sector esencial de la nacionalidad, los quechuas y los aimaras que superaban largamente el 50% del te tal de la población, fue el ingrediente que terminó por desmoronar un sistema que había funcionado por medio siglo y que había logrado una razonable modernización tecnológica, pero había insistido en una congelación social todavía pre capitalista (estructura agraria técnicamente atrasada, concentración latifundista, explotación del colono, pongueaje. La crisis estructural que desnudó la guerra del Chaco, no representó sin embargo el final del ciclo oligárquico que en el período posterior al conflicto bélico intentaría mantener el poder, pero está claro que la guerra hirió de muerte una visión de país y abrió definitivamente las puertas para otra realidad, que se construiría dramáticamente en los años posteriores y culminaría en la revolución de 1952.
Los rasgos que el p lis mostraba al comienzo de la década de los años veinte son prácticamente los mismos que encontramos en 1931, cuando Daniel Salamanca se hace cargo de la presidencia y comienza el drama histórico de la guerra. Podemos resumir esa realidad en una población que se acercaba a los 2,5 millones de habitantes en un territorio de algo menos de 1,5 millones de km2., una población mayoritariamente rural (más del 80 % del total) y el eje de su vida urbana y de su vida económica en el área andina. La Paz era la única ciudad que sobrepasaba los 100.000 habitantes (150.000 aprox.), Cochabamba se acercaba a los 50.000 y las otras ciudades importantes, Oruro, Sucre y Potosí fluctuaban entre los 25.000 y 35.000 hab. La única ciudad significativa fuera del área andina era Santa Cruz que también se acercaba a los 30.000 habitantes. La economía giraba en torno a la minería y en particular al estaño que representaba más del 70 % del total de las exportaciones. Uno de los aspectos que mostraba la grave debilidad de nuestra economía, en el hecho de que a pesar de que dos tercios de la población se dedicaban a la agricultura, el país era un importador neto de alimentos, incluyendo productos cuyo origen era andino. En otras palabras, Bolivia no se alimentaba a sí misma.
El factor más grave que afrontó el país cuando comenzó la guerra era la crisis económica, la mayor desde los años de la guerra del Pacífico. Las consecuencias de la gran depresión mundial y el famoso jueves negro de octubre de 1929 en el que se desplomó la bolsa de Nueva York, trajo como consecuencia una contracción brutal de la demanda industrial que afectó no sólo los precios sino la producción de ese año. La crisis hizo mucho más severas las condiciones en las que se llevó adelante el conflicto bélico con el Paraguay.