La apertura democrática de principios de los ochenta tuvo dos características, la recuperación total de libertades ciudadanas y la imposición de un modelo de economía abierta. El primero en el gobierno de Siles y el segundo en el de Paz Estenssoro. El desarrollo de ambos conceptos se apoyó en una democracia de pactos surgida tras la crisis de gobernabilidad de la UDP. Ante la imposibilidad de ningún candidato de lograr el 50 % más uno de los votos por más de veinte años, se impuso la lógica de lograr acuerdos entre los partidos mayoritarios para tener mayoría congresal y cogobernar.
El Golpe de Estado de 1964 forzó una modificación en la política global en relación a los sectores populares y el cambio esencial de un gobierno civil a otro detentado casi exclusivamente por militares, pero la orientación estatista y de capitalismo de estado no varió sustancialmente, por el contrario, en la década de los años setenta se incrementó significativamente. De los 18 años que median entre noviembre de 1954 y octubre de 1982, fecha de la definitiva reapertura democrática, sólo por un año y tres meses Bolivia tuvo tres presidentes civiles y sólo cuatro años de gobiernos democráticos. Fue una época protagonizada por el ejército como fuente y protagonista del poder político.
Como vimos, a pesar de un cambio constitucional tan importante que desplazó doce años de poder civil de raíz democrática por mas de quince de poder militar emanado casi siempre del golpe de estado, la influencia de los cambios y las líneas maestras de la política de la Revolución de 1952 continuaron vigentes. En algunos casos (gobiernos de Ovando y Torres) se buscó la continuación de ese modelo político, en los restantes se mencionó siempre las tres medidas fundamentales del 52 y el concepto del nacionalismo como bandera de los gobiernos de las FF.AA., aunque en la práctica se tomaron modelos desarrollistas ligados a los sectores de mayor poder e influencia económica en el país.
El estado nacional había sido reformulado de manera radical en el período anterior, al punto que la ideología boliviana pasaba, salvo e acepciones muy aisladas, por el convencimiento de que el camino del estado poderoso y administrador directo de los sectores productivos era el correcto. En esos años la CEPAL (Comisión Económica para América Latina dependiente de la ONU) predicaba la necesidad para el continente de una economía en esa dirección que lograra progresivamente la sustitución de importaciones a partir de un proceso de industrialización. El caso es que Bolivia no había podido lograr la tan ansiada industrialización al carecer de dos elementos claves, un mercado interno fuerte con capacidad de consumo y un ahorro interno significativo. La inserción del campesinado a la vida política no logró convertirlo en consumidor ni mejoró sustancialmente sus condiciones de vida marcadas por una economía de autoabastecimiento. El objetivo de la Revolución, de cambiar dramáticamente el estándar de vida de los bolivianos, no se logró en el agro y el crecimiento urbano tampoco fue lo suficientemente acelerado como se podía haber deseado.
América Latina vivía la efervescencia de la revolución cubana (Bolivia no fue una excepción) que abrió una perspectiva insospechada a los movimientos marxistas del continente. La tesis de la lucha armada que llevó al poder a Castro y la experiencia de la guerra de Vietnam, despertaron expectativas de un cambio por las armas, que desataron varios movimientos guerrilleros en el continente. Los acontecimientos del mayo francés fueron también un incentivo para la explosión de ideas radicales de cambios de inspiración marxista en todos los tonos posibles del socialismo, desde el trotskismo, hasta el foquismo, pasando por el stalinismo. Esta realidad llevó a la experiencia militar de Velasco Alvarado en Perú (1968), inspirada en el tercerismo de Nasser en Egipto (una vía nacionalista, ni capitalista ni marxista) y al triunfo del socialismo en Chile por la vía democrática. El ascenso de Allende en 1970 coincidió con un triángulo de posiciones de izquierda en Bolivia, Chile y Perú.
Estos cambios deben vincularse también a la variación de la política estadounidense tras la muerte de Kennedy. En la presidencia de Johnson la política latinoamericana estuvo signada por la llamada “Doctrina de Seguridad Nacional”, de profundo carácter anticomunista y de impulso de la represión en el interior de cada país para evitar experiencias como la cubana. La política para América Latina se manejó desde entonces mucho más condicionada a las ideas del pentágono que a las del departamento de estado. Las Fuerzas Armadas latinoamericanas no sólo fueron fortalecidas, sino apoyadas para ejercer un control directo en la política y las decisiones nacionales, que se tradujo en el ejercicio directo del poder. Bolivia y Brasil fueron los primeros países en pasar de la democracia al autoritarismo militar (1964) en una tendencia que se haría continental hasta fines de la década de los setenta. El cambio radical hacia gobiernos autoritarios de derecha, sin escrúpulo alguno hacia el respeto a los derechos humanos y con una obsesión anticomunista que lindaba con el fanatismo, dejaron una secuela de confrontación y violencia sin precedentes en el continente y en el país.