Capitalización y Bonosol

La capitalización fue el eje del programa de gobierno, así como la medida más resistida por la opinión pública. En su funcionamiento se basaba todo el proyecto de cambio. La idea marcaba una diferencia esencial con la privatización pura y dura, no porque no fuese un proceso privatizador, sino porque hizo que las empresas estatales capitalizadas vendieran el 50 % de su patrimonio a los socios capitalizadores, quienes se hicieron cargo del manejo y administración de las empresas en cuestión e invirtieron el 100 % de su aporte en las propias empresas capitalizadas. El dinero no entró al tesoro general sino a las empresas. El 50 % restante pasó en un fideicomiso a favor del pueblo boliviano en forma de un Bono de Solidaridad (Bonosol).

El gobierno capitalizó entre 1995 y 1996 las cinco empresas estatales más grandes del país: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), Empresa Nacional de Electricidad (ENFE), Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) y Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), solo quedó pendiente por falla de proponentes la Empresa Nacional de Fundiciones (ENAF). Para aplicar el plan se aprobó la ley de capitalización (1994) y leyes complementarias como la de telecomunicaciones, hidrocarburos y electricidad.

Producto de la capitalización, cuyo mayor impulsor fue el polémico ministro Alfonso Revollo, Bolivia logró la inyección de inversiones privadas más importante de su historia. 1.670 millones de dólares en un lapso de entre cinco y siete años. En el rubro de los hidrocarburos se pudo encarar por primera vez en década; un proceso de exploración y recuperación de pozos. En electricidad se dinamizó la inversión para lograr revertir el peligro de déficit de oferta eléctrica en el mercado nacional. En telecomunicaciones se vivió una revolución en el campo de la digitalización, fibra óptica, ampliación de cobertura internacional, acceso al satélite y servicios de telefonía pública y celular.

El producto directo de la capitalización, como beneficio tangible para el ciudadano y parte de la orientación social de este proceso, fue el Bonosol. El dinero proveniente de la rentabilidad del 50 % de las acciones que pertenecía a los bolivianos, garantizó ingresos que permitieron el pago de un bono anual vitalicio a todas los bolivianos mayores de 65 años sin distinción. El Bono se pagó a todos los que al 31 de diciembre de 1995 eran mayores de 21 años. El bono se convirtió en arma electoral. El gobierno comenzó a pagarlo poco antes de las elecciones, lo que causó gran controversia. El hecho es, sin embargo, que más de 350.000 bolivianos mayores de 65 años recibieron cada uno 248 dólares a partir de 1997, lográndose por primera vez en la historia un sistema universal de jubilación.

El problema inmediato de la capitalización para el ciudadano fue una significativa alza de tarifas, producto del descongelamiento tarifario o simplemente la eliminación de subsidios. La capitalización fue el punto más discutido del programa de Sánchez y el principal factor que lo llevó al descalabro en su segundo gobierno. Los defensores del estado del 52 se movilizaron en contra. Los sindicatos salieron militantemente a las calles y la oposición política objetó algunos contratos, particularmente el suscrito con la empresa Enron, que era excesivamente liberal y favorable al inversionista, obligando a modificarlo. La capitalización de los ferrocarriles, que pasó a manos de una empresa chilena, generó fuerte rechazo y días de extrema violencia en La Paz. El proceso, sin embargo, no se detuvo. La capitalización del Lloyd Aéreo, otorgada a la empresa brasileña VASP, primero y al empresario Hernesto Asbún después, fue un desastre total que llevó a la compañía al borde de la quiebra.

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