La Creación de la Ciudad de El Alto

Entre 1950 y 1980 La Paz creció hasta el límite de su capacidad geográfica en el valle de Chuquiago y comenzó a crecer en la planicie altiplánica a partir de la llamada “ceja del Alto” a 4.100 mts. sobre el nivel del mar. Por esa razón esta zona creció en proporción de 9 a 1 con respecto a la llamada “hoyada”. En 1985, un grupo de parlamentarios, con la aquiescencia del presidente del congreso Julio Garrett, propusieron y aprobaron la creación de una ciudad jurídicamente separada y distinta de La Paz con el nombre de El Alto. La fecha de fundación de la nueva urbe fue el 6 de marzo de 1985, rompiendo la unidad lógica de la ciudad y abriendo un nudo de problemas al crear la ciudad más pobre y con el mayor crecimiento demográfico del país. Este absurdo jurídico abrió las puertas al enfrentamiento entre La Paz y El Alto por el presupuesto y por la evidencia de que El Alto carecía inicialmente de la capacidad económica y administrativa para superar los problemas de aguda pobreza e insuficiencias básicas para acoger la migración altiplánica que llegaba incesantemente. La mayor migración campesina era de origen aimara, convirtiendo a la ciudad en una marmita cultural del mundo indígena.

El censo de 2001 registró una población de 647.350 habitantes contra 95.455 de 1976. El complejo urbano La Paz-El Alto sumaba en 2001 1.447.304 (incluyendo Achocalla), el más grande del país. Si aceptamos la artificial división, El Alto era la cuarta población de Bolivia en 2001.

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El proceso de globalización mundial de la economía (un solo modelo de economía abierta, nuevas tecnologías, revolución de las comunicaciones, internet), condujo a un proceso creciente de integración en diversas regiones del mundo. En ese contexto el 26 de marzo de 1991 se creó el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), mediante acta presidencial firmada en Asunción (Paraguay), con la participación de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Esto implica integrar a finales del siglo XX a 208,5 millones de seres humanos en una superficie de 11,9 millones de kilómetros cuadrados.

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Entre 1993 y 1994, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Edgar Oblitas Fernández, y uno de sus magistrados, Ernesto Poppe Martínez, fueron enjuiciados en el senado acusados de prevaricato. La base del juicio fue el soborno pagado al ex- magistrado Hugo Galindo Decker, emisario de los mencionados jueces, por el nicaragüense Antonio Ibarra, sujeto a un pedido de extradición de su país, para que esta solicitud fuese denegada. El senado esta vez sí sentenció a ambos con la destitución de sus cargos y la prohibición del ejercicio profesional por un período de diez años.

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