Las elecciones municipales de fines del 93 ratificaron la mayoría del MNR. Lo más destacado fue el mal resultado para el MIR (9,3 %) y la ADN (11,4%), al punto que el jefe adenista Hugo Banzer renunció a la jefatura de su partido un mes antes del proceso electoral, previendo el resultado. Se pensó que sería el retiro definitivo de Banzer, pero los hechos políticos lo desmintieron. Por el contrario, en 1997 fue elegido Presidente Constitucional.
El proceso creciente de deterioro ambiental a nivel mundial, obligó a la humanidad a tomar conciencia de las consecuencias de su irresponsabilidad y a aplicar una política de preservación del medio ambiente. Bolivia comenzó a hacer esfuerzos a todo nivel para administrar racionalmente su patrimonio ambiental. Políticas de deuda externa a cambio de protección de territorios se iniciaron en la gestión de Paz Estenssoro. El gobierno de Paz trabajó en la planificación de un sistema nacional de áreas protegidas y un fondo nacional para el desarrollo y protección ambientales (FONAMA), que fueron uno de los aportes más importantes de su gobierno al desarrollo del país.
En Septiembre de 1991 etnias del oriente boliviano (guaraníes, mójenos, chimanes, etc.), protagonizaron una marcha desde Trinidad a La Paz bajo el denominativo de “por la dignidad y el territorio”, para concientizar al país de su existencia y sus derechos. Cono consecuencia de ese movimiento, Paz Zamora reconoció los territorios ancestrales de estas etnias para su administración y control en el departamento del Beni. Era la primera vez que el estado boliviano reconocía a los indígenas del oriente como interlocutores válidos le reconocía el derecho a la propiedad y administración de territorios que ancestralmente habían sido suyos. En esa marcha se planteó por primera vez la necesidad de realizar una Asamblea Constituyente, que fue uno de los temas más importantes de la sociedad boliviana al despuntar el siglo XXI.
Ni la marcha, ni la llamada “pausa ecológica”, pudieron evitar la grave depredación maderera de las tierras bajas del país.
El manejo del Consejo Nacional de Reforma Agraria (CNRA) se había convertido en un eje de corrupción y un instrumento de favoritismo y entrega ilegal de tierras a sectores poderosos e influyentes de la sociedad. La tradición de las grandes concesiones arbitrarias en tiempo de dictadura no cambió sustancialmente en democracia. Esto obligó al gobierno a intervenir el CNRA y suspender cualquier proceso de otorgación o saneamiento de tierras. El proceso se congeló hasta 1996 en que fue aprobada la ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).