Participación Popular y Descentralización Administrativa

La Participación Popular (PP) fue la idea clave del Plan de Todos y la que tuvo una repercusión histórica mayor de todas las encaradas por Sánchez en su gestión. Marcó la superación de una brecha aparentemente imposible, lograr que la economía abierta no estuviese reñida con una redistribución más justa del ingreso y un concepto esencial a la democracia: la participación del ciudadano en la gestión de su destino. Apoyado en la democracia municipal el gobierno aprobó la ley de participación popular (1994); para ello territorializó los municipios, creando 311 en el país con jurisdicción, más allá del ámbito meramente urbano (la base política fueron las secciones de provincia).

El principio de la PP es que el monto total a distribuir se divide por el número de habitantes. Los municipios reciben fondos de acuerdo a su población. El dinero para la PP salió del 20 % de las recaudaciones nacionales entregadas automáticamente a los municipios, además del 100 % de las recaudaciones municipales que cada municipio administra e invierte directamente. Esto determinó que por primera vez en la historia del país el área rural, tradicionalmente olvidada por el estado central, recibiera dinero de la co-participación en una cuenta a nombre de cada municipio. Por ejemplo, poblaciones como Achacachi (LP) que en 1993 recibía 4.000 dólares del estado central en 1996 recibió 1.455.000 dólares. Villa Tunari (CB) que en 1993 recibía 0, en 1996 recibió 1.166.000 U$. Villamontes (TJ) que en 1993 recibía 9.000 U$ en 1996 recibió 474.000 U$. Roboré (SC) que en 1993 recibía 1.000 U$, en 1996 recibió 369.000 U$. Puerto Rico (PD) que en 1993 recibía 0, en 1996 recibió 88.000 U$, Pero adicionalmente, era un dinero que la propia comunidad administraba a través de su concejo municipal y mediante la creación de las Organizaciones Territoriales de Base (ayllus, capitanías, comunidades originarias, juntas vecinales, etc.), que permitieron la creación de las Juntas de Vigilancia con potestad de proponer proyectos y fiscalizar la administración de fondos por parte del municipio.

La descentralización administrativa fue la culminación de una largo camino, un anhelo de diversos sectores contrarios al secante centralismo. La descentralización se concretó manteniendo al prefecto de departamento designado por el Presidente, pero estableció un Consejo Departamental presidido por el prefecto e integrado por consejeros representantes de todas las provincias del departamento y de la capital departamental. Se vinculó el proceso con la democracia municipal al determinar que los consejeros fueran nombrados por los concejales municipales electos por voto popular. El Consejo administraba y ejecutaba un presupuesto cuyos fondos provenían de las regalías departamentales que manejaron las desaparecidas corporaciones de desarrollo. Se concretó un proceso integral de descentralización, tanto con la Participación Popular como con la descentralización administrativa.

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El proceso de globalización mundial de la economía (un solo modelo de economía abierta, nuevas tecnologías, revolución de las comunicaciones, internet), condujo a un proceso creciente de integración en diversas regiones del mundo. En ese contexto el 26 de marzo de 1991 se creó el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), mediante acta presidencial firmada en Asunción (Paraguay), con la participación de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Esto implica integrar a finales del siglo XX a 208,5 millones de seres humanos en una superficie de 11,9 millones de kilómetros cuadrados.

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Entre 1993 y 1994, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Edgar Oblitas Fernández, y uno de sus magistrados, Ernesto Poppe Martínez, fueron enjuiciados en el senado acusados de prevaricato. La base del juicio fue el soborno pagado al ex- magistrado Hugo Galindo Decker, emisario de los mencionados jueces, por el nicaragüense Antonio Ibarra, sujeto a un pedido de extradición de su país, para que esta solicitud fuese denegada. El senado esta vez sí sentenció a ambos con la destitución de sus cargos y la prohibición del ejercicio profesional por un período de diez años.

El escándalo político de mayor magnitud en este período fue el llamado “Narcovínculos”. La detención de Isaac “Oso” Chavarría y Carmelo “Meco” Domínguez, acusados de desarrollar actividades de narcotráfico, llevó al descubrimiento de papeles personales de Chavarría y acusaciones de Domínguez, que parecían involucrar al ex - Presidente Jaime Paz Zamora y otros dirigentes miristas, entre ellos Óscar Eid Franco.

La reforma a la constitución, respetando los mecanismos que la propia carta magna estipula para sus cambios, es uno de los mejores ejemplos de la institucionalización democrática de Bolivia. El consenso para hacerla fue producto de acuerdos logrados en 1992 (febrero y julio). El Presidente promulgó la constitución reformada, el 12 de Agosto de 1994.