Narcotráfico. Huanchaca. Ley 1008 y desarrollo alternativo

El 5 de Septiembre de 1986 fue asesinado en la serranía de Caparuch (Santa Cruz), en una fábrica de cocaína conocida como “Huanchaca”, el científico Noel Kempff Mercado. El crimen estremeció a la opinión pública y puso en el tapete el tema del narcotráfico, generando un cambio de actitud general. Las operaciones de rescate de las víctimas e intervención de la fábrica fueron cuestión idas por su lentitud y surgió la acusación de que el ministro del Interior Fernando Barthelemy protegió de alguna manera la salida de los asesinos y operadores de la fábrica. Como consecuencia de este hecho se mencionó insistentemente, por ejemplo, que el verdadero colchón de la estabilización fue la economía del narcotráfico, inyectando dólares al mercado. La consecuencia positiva fue el impacto sobre la opinión pública cruceña que cambió su actitud permisiva inmediatamente anterior, con el narcotráfico y con los narcotraficantes que eran aceptados sin limitaciones en la sociedad, por otra de franco repudio y censura social. En pocos años Santa Cruz dejó de ser un centro de producción significativo.

Las relaciones con Estados Unidos, como ya dijimos, estuvieron condicionadas al tema y la presión de Washington obligó al gobierno a aceptar la presencia, durante tres meses, de 160 soldados estadounidenses en el departamento del Beni en operaciones contra el narcotráfico, que bajaron sólo temporalmente el precio de la coca. El gobierno planteó entonces la necesidad de una política de desarrollo alternativo que hiciera énfasis en la transformación económica de las regiones productoras, en vez de ocuparse exclusivamente de la represión. La presentación de esta propuesta cambió la posición boliviana, permitiendo una acción menos subordinada y más beneficiosa para los sectores de producción ilegal (Chapare). El concepto de desarrollo alternativo, con sus virtudes y defectos, permitió un avance importante de la región cocalera que recibió electrificación, construcción de caminos e inversión para la producción agropecuaria. Pero la contraparte cobró la factura. El congreso aprobó la llamada ley 1008, específicamente destinada a los temas de producción de coca, narcotráfico y consumo de drogas. La ley era el instrumento más duro que se haya aprobado para el combate contra las drogas, tanto que en algunos aspectos pasaba por encima de la constitución de país con tribunales especiales y fiscales de narcóticos casi omnipotentes. Aunque en contrapartida incorporaba el concepto de desarrollo alternativo y reconocía áreas de producción de coca legal para el consumo tradicional.

En 1988 se desató un escándalo al conocer el congreso unos videos que mostraban a dos altos dirigentes de ADN (Alfredo Arce y el Gral. Mario Vargas) en conversaciones secretas con Roberto Suárez, narcotraficante de gran poder condenado a quince años de cárcel, que fue detenido y encarcelado poco después de conocerse los videos. La defenestración de los dirigentes adenistas trajo consigo una respuesta de ADN. El senador de ese partido, Juan Luzio, presentó unas fotografías de Jaime Paz con Isaac Chavarría acusado de narcotráfico. Años después, ese episodio abriría uno de los escándalos mis graves sobre la relación entre el narcotráfico y los políticos bolivianos.

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Las elecciones municipales de fines del 93 ratificaron la mayoría del MNR. Lo más destacado fue el mal resultado para el MIR (9,3 %) y la ADN (11,4%), al punto que el jefe adenista Hugo Banzer renunció a la jefatura de su partido un mes antes del proceso electoral, previendo el resultado. Se pensó que sería el retiro definitivo de Banzer, pero los hechos políticos lo desmintieron. Por el contrario, en 1997 fue elegido Presidente Constitucional.

El proceso de globalización mundial de la economía (un solo modelo de economía abierta, nuevas tecnologías, revolución de las comunicaciones, internet), condujo a un proceso creciente de integración en diversas regiones del mundo. En ese contexto el 26 de marzo de 1991 se creó el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), mediante acta presidencial firmada en Asunción (Paraguay), con la participación de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Esto implica integrar a finales del siglo XX a 208,5 millones de seres humanos en una superficie de 11,9 millones de kilómetros cuadrados.

Sánchez de Lozada, igual que su antecesor, realizó más de cuarenta viajes al exterior. El país organizó encuentros de la magnitud del Grupo de Río en Cochabamba (1996) con la presencia de 13 jefes de estado, la Cumbre de las Américas para el Desarrollo Sostenible en Santa Cruz (1996) con la participación de más de treinta países. También en diciembre de ese año se realizó la sexta reunión de Primeras Damas de las Américas en La Paz en abril de 1997 la cumbre de Presidentes del Pacto Andino en Sucre.

El hecho más grave del que fue responsable el gobierno de Sánchez de Lozada fue el desenlace sangriento producido en vísperas de la Navidad de 1996 en los centros mineros de Amayapampa, Capacirca y Llallagua. La toma ilegal de minas de propiedad privada (empresa extranjera Dacapo) por parte de mineros que se oponían al trabajo de los propietarios, condujo al gobierno a la intervención de esas minas. Para ello envió un destacamento policial bajo la dirección de su comandante Gral. Willy Arriaza.

Entre 1993 y 1994, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Edgar Oblitas Fernández, y uno de sus magistrados, Ernesto Poppe Martínez, fueron enjuiciados en el senado acusados de prevaricato. La base del juicio fue el soborno pagado al ex- magistrado Hugo Galindo Decker, emisario de los mencionados jueces, por el nicaragüense Antonio Ibarra, sujeto a un pedido de extradición de su país, para que esta solicitud fuese denegada. El senado esta vez sí sentenció a ambos con la destitución de sus cargos y la prohibición del ejercicio profesional por un período de diez años.

El escándalo político de mayor magnitud en este período fue el llamado “Narcovínculos”. La detención de Isaac “Oso” Chavarría y Carmelo “Meco” Domínguez, acusados de desarrollar actividades de narcotráfico, llevó al descubrimiento de papeles personales de Chavarría y acusaciones de Domínguez, que parecían involucrar al ex - Presidente Jaime Paz Zamora y otros dirigentes miristas, entre ellos Óscar Eid Franco.

La reforma a la constitución, respetando los mecanismos que la propia carta magna estipula para sus cambios, es uno de los mejores ejemplos de la institucionalización democrática de Bolivia. El consenso para hacerla fue producto de acuerdos logrados en 1992 (febrero y julio). El Presidente promulgó la constitución reformada, el 12 de Agosto de 1994.