Acuerdos Políticos y Leyes para el Cambio

El 5 de febrero de 1991 y el 9 de julio de 1992, se firmaron sendos acuerdos entre los principales partidos políticos del país, en un rasgo de madurez sin precedentes en nuestra historia y sin parangón en América Latina. Los acuerdos de consenso permitieron el nombramiento de una nueva Corte Nacional Electoral por dos tercios de votos del congreso; igual procedimiento se usó para nombrar los nuevos jueces de la Corte Suprema y el Contralor General. La nueva Corte electoral garantizó elecciones municipales y nacionales limpias y devolvió la fe en el proceso de voto. Estos documentos mostraron el comienzo de una modernización real del estado, una reforma del poder judicial y una ley de necesidad de reforma de la Constitución vigente desde 1967.

Simultáneamente, se aprobaron importantes leyes, como la de privatización, inversiones, hidrocarburos, minería, así como la llamada Ley SAFCO de modernización de la administración estatal y de control gubernamental, basada en evaluación por resultados y en la responsabilidad funcionaría.

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Las elecciones municipales de fines del 93 ratificaron la mayoría del MNR. Lo más destacado fue el mal resultado para el MIR (9,3 %) y la ADN (11,4%), al punto que el jefe adenista Hugo Banzer renunció a la jefatura de su partido un mes antes del proceso electoral, previendo el resultado. Se pensó que sería el retiro definitivo de Banzer, pero los hechos políticos lo desmintieron. Por el contrario, en 1997 fue elegido Presidente Constitucional.

El proceso de globalización mundial de la economía (un solo modelo de economía abierta, nuevas tecnologías, revolución de las comunicaciones, internet), condujo a un proceso creciente de integración en diversas regiones del mundo. En ese contexto el 26 de marzo de 1991 se creó el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), mediante acta presidencial firmada en Asunción (Paraguay), con la participación de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Esto implica integrar a finales del siglo XX a 208,5 millones de seres humanos en una superficie de 11,9 millones de kilómetros cuadrados.

Sánchez de Lozada, igual que su antecesor, realizó más de cuarenta viajes al exterior. El país organizó encuentros de la magnitud del Grupo de Río en Cochabamba (1996) con la presencia de 13 jefes de estado, la Cumbre de las Américas para el Desarrollo Sostenible en Santa Cruz (1996) con la participación de más de treinta países. También en diciembre de ese año se realizó la sexta reunión de Primeras Damas de las Américas en La Paz en abril de 1997 la cumbre de Presidentes del Pacto Andino en Sucre.

El hecho más grave del que fue responsable el gobierno de Sánchez de Lozada fue el desenlace sangriento producido en vísperas de la Navidad de 1996 en los centros mineros de Amayapampa, Capacirca y Llallagua. La toma ilegal de minas de propiedad privada (empresa extranjera Dacapo) por parte de mineros que se oponían al trabajo de los propietarios, condujo al gobierno a la intervención de esas minas. Para ello envió un destacamento policial bajo la dirección de su comandante Gral. Willy Arriaza.

Entre 1993 y 1994, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Edgar Oblitas Fernández, y uno de sus magistrados, Ernesto Poppe Martínez, fueron enjuiciados en el senado acusados de prevaricato. La base del juicio fue el soborno pagado al ex- magistrado Hugo Galindo Decker, emisario de los mencionados jueces, por el nicaragüense Antonio Ibarra, sujeto a un pedido de extradición de su país, para que esta solicitud fuese denegada. El senado esta vez sí sentenció a ambos con la destitución de sus cargos y la prohibición del ejercicio profesional por un período de diez años.

El escándalo político de mayor magnitud en este período fue el llamado “Narcovínculos”. La detención de Isaac “Oso” Chavarría y Carmelo “Meco” Domínguez, acusados de desarrollar actividades de narcotráfico, llevó al descubrimiento de papeles personales de Chavarría y acusaciones de Domínguez, que parecían involucrar al ex - Presidente Jaime Paz Zamora y otros dirigentes miristas, entre ellos Óscar Eid Franco.

La reforma a la constitución, respetando los mecanismos que la propia carta magna estipula para sus cambios, es uno de los mejores ejemplos de la institucionalización democrática de Bolivia. El consenso para hacerla fue producto de acuerdos logrados en 1992 (febrero y julio). El Presidente promulgó la constitución reformada, el 12 de Agosto de 1994.