La COB acorrala al Gobierno

La Central Obrera Boliviana, dirigida por Juan Lechín Oquendo, basó su lucha en un salarialismo a ultranza (salario mínimo con escala móvil) y una oposición radical a la política oficial. Con el marbete de “proimperialista y fondomonetarista”, el gobierno se vio pronto acorralado y no pudo aplicar correctivos siempre rechazados por los dirigentes de los trabajadores. A pesar de ello, se ensayaron dos modalidades de administración directa de obreros y campesinos con el gobierno, la Co-gestión obrera mayoritaria en COMIBOL y CORACÁ (Corporación Agraria Campesina) manejada por la CSUTCB para la comercialización c e productos agrícolas.

En esos años se produjeron más de un millar de huelgas, cuatro de ellas generales, de 4, 7, 9 y 16 días (esta última la más larga de la historia). Se vivieron también extremos, como el paro por 51 días de las actividades del Banco Central. Las cosas llegaron a un punto tal que los dirigentes sindicales (cuya cabeza era Miguel Ángel Quintanilla) del banco enviaron una carta al FMI, indicando que no acatarían ni ejecutarían ninguno de los acuerdos a los que llegase el ministro de Finanzas de Bolivia con esa institución que dependiera de operaciones o gestiones del Banco Central. Se cortó el agua y la luz al palacio de gobierno y la residencia presidencial (en estas medidas irracionales tuvieron mucho que ver los irresponsables dirigentes de los empleados públicos, entre ellos (Dante Pino), con lo que las cosas llegaron al desquiciamiento.

La COB, igual que en 1971, no aceptó participar en el gobierno y exigió la aplicación de su plan de emergencia que en esencia radicalizaba el control estatal del comercio exterior, pedía la nacionalización de la banca y la economía en general, además de negarse en redondo al pago de la deuda externa.

El punto culminante fueron las llamadas “Jornadas de Marzo” de 1985 12.000 mineros tomaron literalmente la sede de gobierno, paralizándola por completo por más de una semana y presionando sin éxito para la renuncia definitiva de Siles. Fue el punto más alto de un sindicalismo que creyó equivocadamente que estaba en los umbrales de la toma del poder. Esta percepción equivocada llevó a los trabajadores a un punto parecido al de 1971, presionar a un gobierno débil pidiéndole lo imposible con lo que contribuyeron a la caída del gobierno (reducción de un año de su mandato constitucional) y en este caso a algo más, a la inviabilidad de un modelo que no sólo cayó en el agotamiento sino en el descrédito interno y externo, lo que abrió las puertas para una nueva política económica aplicada con ortodoxia y sin gradualismo.

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Las elecciones municipales de fines del 93 ratificaron la mayoría del MNR. Lo más destacado fue el mal resultado para el MIR (9,3 %) y la ADN (11,4%), al punto que el jefe adenista Hugo Banzer renunció a la jefatura de su partido un mes antes del proceso electoral, previendo el resultado. Se pensó que sería el retiro definitivo de Banzer, pero los hechos políticos lo desmintieron. Por el contrario, en 1997 fue elegido Presidente Constitucional.

El proceso de globalización mundial de la economía (un solo modelo de economía abierta, nuevas tecnologías, revolución de las comunicaciones, internet), condujo a un proceso creciente de integración en diversas regiones del mundo. En ese contexto el 26 de marzo de 1991 se creó el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), mediante acta presidencial firmada en Asunción (Paraguay), con la participación de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Esto implica integrar a finales del siglo XX a 208,5 millones de seres humanos en una superficie de 11,9 millones de kilómetros cuadrados.

Sánchez de Lozada, igual que su antecesor, realizó más de cuarenta viajes al exterior. El país organizó encuentros de la magnitud del Grupo de Río en Cochabamba (1996) con la presencia de 13 jefes de estado, la Cumbre de las Américas para el Desarrollo Sostenible en Santa Cruz (1996) con la participación de más de treinta países. También en diciembre de ese año se realizó la sexta reunión de Primeras Damas de las Américas en La Paz en abril de 1997 la cumbre de Presidentes del Pacto Andino en Sucre.

El hecho más grave del que fue responsable el gobierno de Sánchez de Lozada fue el desenlace sangriento producido en vísperas de la Navidad de 1996 en los centros mineros de Amayapampa, Capacirca y Llallagua. La toma ilegal de minas de propiedad privada (empresa extranjera Dacapo) por parte de mineros que se oponían al trabajo de los propietarios, condujo al gobierno a la intervención de esas minas. Para ello envió un destacamento policial bajo la dirección de su comandante Gral. Willy Arriaza.

Entre 1993 y 1994, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Edgar Oblitas Fernández, y uno de sus magistrados, Ernesto Poppe Martínez, fueron enjuiciados en el senado acusados de prevaricato. La base del juicio fue el soborno pagado al ex- magistrado Hugo Galindo Decker, emisario de los mencionados jueces, por el nicaragüense Antonio Ibarra, sujeto a un pedido de extradición de su país, para que esta solicitud fuese denegada. El senado esta vez sí sentenció a ambos con la destitución de sus cargos y la prohibición del ejercicio profesional por un período de diez años.

El escándalo político de mayor magnitud en este período fue el llamado “Narcovínculos”. La detención de Isaac “Oso” Chavarría y Carmelo “Meco” Domínguez, acusados de desarrollar actividades de narcotráfico, llevó al descubrimiento de papeles personales de Chavarría y acusaciones de Domínguez, que parecían involucrar al ex - Presidente Jaime Paz Zamora y otros dirigentes miristas, entre ellos Óscar Eid Franco.

La reforma a la constitución, respetando los mecanismos que la propia carta magna estipula para sus cambios, es uno de los mejores ejemplos de la institucionalización democrática de Bolivia. El consenso para hacerla fue producto de acuerdos logrados en 1992 (febrero y julio). El Presidente promulgó la constitución reformada, el 12 de Agosto de 1994.