Gobierno Paz Zamora 1989-1993

El ascenso de Paz Zamora generó en principió dudas y escepticismo, por el mal recuerdo que había dejado en lo económico el gobierno de la UDP del que fue vicepresidente. Sin embargo, en pocos meses logró devolver la confianza en el sistema al mantener la estabilidad monetaria inalterable. Esto hizo que los depósitos en la banca pasaran de 900 a más de 1.800 millones de dólares en su gestión. En enero de 1990 hizo conocer el decreto 22407 que intentó sustituir al 21060, pero en realidad fue sólo su complementación. En líneas generales el gobierno siguió la política monetaria y de apertura de mercados de su antecesor, a pesar de que Paz Zamora insistió durante su campaña electoral en que iba a “relocalizar” el decreto 21060.

El desafío básico de esta gestión era el crecimiento, la ampliación del aparato productivo y una política social más justa, meta que consiguió a medias, con su punto mayor en 1991 con 5,11 % de crecimiento del PIB, el más alto entre 1982 y 2005, además de una modesta mejora en nuestros indicadores sociales. El proceso de privatización comenzó algo tarde y se logró encaminar en las empresas de las corporaciones de desarrollo, pero fracasó, o no se comenzó en las empresas realmente importantes (LAB, ENTEL, ENFE, etc.). El proceso privatizador se empañó además con acciones poco transparentes en el caso de la hotelería en la atracción de inversión externa se concretaron algunos esfuerzos privados importantes en minería Inti Raymi y COMSUR) con una inversión superior a los 200 millones de dólares; la más importante inversión en minería desde la nacionalización de las minas, pero fracasó en un proyecto imagen muy importante, el contrato de explotación del litio en el salar de Uyuni. Después de varias idas y venidas la empresa norteamericana Lithium Co. desistió de invertir en el país ante el rechazo del comité cívico potosino y sectores políticos conservadores a los que el gobierno no se atrevió a enfrentar. Se avanzó en la infraestructura caminera, comenzando trabajos que se habían licitado en el anterior gobierno y licitando otros nuevos. El LAB pasó a los aviones de cabina ensanchada con la compra y alquiler, con opción de compra de dos Airbus-300 pan su flota. Las comunicaciones rurales entraron en una nueva etapa al integrarse al satélite Domsat. Se instalaron teléfonos en centenares de poblaciones intermedias y rurales y se comenzó la digitalización de ENTEL y las cooperativas. La televisión estatal accedió al satélite en 1991. Para fin de siglo siete cadenas de televisión privadas transmitían por este medio. Al comenzar la década de los noventa llegó la telefonía celular al país, la empresa pionera fue TELECEL. Para el año 2000 el país tenía más de 420 mil de estas líneas en operación.

Una de las críticas mayores contraste gobierno fue el alto nivel de corrupción de algunos de sus funcionarios y los varios negocios irregulares que se denunciaron y comprobaron en esta administración, lo que deterioró seriamente la imagen de credibilidad del Acuerdo Patriótico y contribuyó a su contundente derrota electoral. Problemas comprobados en ENFE con la otorgación ilegal de terrenos de la empresa en varios puntos del país, expulsión del Presidente de YPFB por irregularidades en sus funciones, denuncia y pedido de desafuero del diputado Hugo Lozano acusado de malversación en el Fondo de Desarrollo Campesino, denuncia de venta ilegal de tierras y juicio de responsabilidades contra el ministro de Educación Hedim Céspedes y acusaciones de beneficio ilícito en la liquidación de LINABOL contra el Alte. Sáenz Klinsky ministro de Defensa. A esto se sumó el caso de los narcovínculos denunciado un año después del fin de esta gestión de gobierno.

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Las elecciones municipales de fines del 93 ratificaron la mayoría del MNR. Lo más destacado fue el mal resultado para el MIR (9,3 %) y la ADN (11,4%), al punto que el jefe adenista Hugo Banzer renunció a la jefatura de su partido un mes antes del proceso electoral, previendo el resultado. Se pensó que sería el retiro definitivo de Banzer, pero los hechos políticos lo desmintieron. Por el contrario, en 1997 fue elegido Presidente Constitucional.

El proceso de globalización mundial de la economía (un solo modelo de economía abierta, nuevas tecnologías, revolución de las comunicaciones, internet), condujo a un proceso creciente de integración en diversas regiones del mundo. En ese contexto el 26 de marzo de 1991 se creó el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), mediante acta presidencial firmada en Asunción (Paraguay), con la participación de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Esto implica integrar a finales del siglo XX a 208,5 millones de seres humanos en una superficie de 11,9 millones de kilómetros cuadrados.

Sánchez de Lozada, igual que su antecesor, realizó más de cuarenta viajes al exterior. El país organizó encuentros de la magnitud del Grupo de Río en Cochabamba (1996) con la presencia de 13 jefes de estado, la Cumbre de las Américas para el Desarrollo Sostenible en Santa Cruz (1996) con la participación de más de treinta países. También en diciembre de ese año se realizó la sexta reunión de Primeras Damas de las Américas en La Paz en abril de 1997 la cumbre de Presidentes del Pacto Andino en Sucre.

El hecho más grave del que fue responsable el gobierno de Sánchez de Lozada fue el desenlace sangriento producido en vísperas de la Navidad de 1996 en los centros mineros de Amayapampa, Capacirca y Llallagua. La toma ilegal de minas de propiedad privada (empresa extranjera Dacapo) por parte de mineros que se oponían al trabajo de los propietarios, condujo al gobierno a la intervención de esas minas. Para ello envió un destacamento policial bajo la dirección de su comandante Gral. Willy Arriaza.

Entre 1993 y 1994, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Edgar Oblitas Fernández, y uno de sus magistrados, Ernesto Poppe Martínez, fueron enjuiciados en el senado acusados de prevaricato. La base del juicio fue el soborno pagado al ex- magistrado Hugo Galindo Decker, emisario de los mencionados jueces, por el nicaragüense Antonio Ibarra, sujeto a un pedido de extradición de su país, para que esta solicitud fuese denegada. El senado esta vez sí sentenció a ambos con la destitución de sus cargos y la prohibición del ejercicio profesional por un período de diez años.

El escándalo político de mayor magnitud en este período fue el llamado “Narcovínculos”. La detención de Isaac “Oso” Chavarría y Carmelo “Meco” Domínguez, acusados de desarrollar actividades de narcotráfico, llevó al descubrimiento de papeles personales de Chavarría y acusaciones de Domínguez, que parecían involucrar al ex - Presidente Jaime Paz Zamora y otros dirigentes miristas, entre ellos Óscar Eid Franco.

La reforma a la constitución, respetando los mecanismos que la propia carta magna estipula para sus cambios, es uno de los mejores ejemplos de la institucionalización democrática de Bolivia. El consenso para hacerla fue producto de acuerdos logrados en 1992 (febrero y julio). El Presidente promulgó la constitución reformada, el 12 de Agosto de 1994.