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Participación Popular y Descentralización Administrativa

La Participación Popular (PP) fue la idea clave del Plan de Todos y la que tuvo una repercusión histórica mayor de todas las encaradas por Sánchez en su gestión. Marcó la superación de una brecha aparentemente imposible, lograr que la economía abierta no estuviese reñida con una redistribución más justa del ingreso y un concepto esencial a la democracia: la participación del ciudadano en la gestión de su destino.

Los Sistemas de Regulación

El nuevo estado requería de otras reglas de juego para terminar con su papel de juez y parte en el manejo del funcionamiento de los servicios al ciudadano. Para ello se creó el Sistema de Regulación Sectorial - SIRESE (1994), cuyo papel era regular, controlar y supervisar las actividades de varios sectores. Tuvo como tarea arbitrar, en caso de reclamo de usuarios frente a un operador de servicios, exigir el adecuado cumplimiento y calidad de servicios y aprobar o no las propuestas de incrementos de tarifas.

La era del gas. El gasoducto al Brasil

Desde la década de los setenta se tenía conocimiento de una importante vocación gasífera de los campos de hidrocarburos del país (el 49 % del territorio nacional estaba considerado como área potencial de explotación), pero fue solo a partir del contrato de venta de gas al Brasil (1994), el proceso de capitalización de YPFB (1996) y la nueva ley de hidrocarburos (1996), que esa vocación se convirtió en una incontrastable realidad, haciendo de Bolivia el país con las mayores reservas de gas libre de América Latina y el tercero en reservas absolutas.

Capitalización y Bonosol

La capitalización fue el eje del programa de gobierno, así como la medida más resistida por la opinión pública. En su funcionamiento se basaba todo el proyecto de cambio. La idea marcaba una diferencia esencial con la privatización pura y dura, no porque no fuese un proceso privatizador, sino porque hizo que las empresas estatales capitalizadas vendieran el 50 % de su patrimonio a los socios capitalizadores, quienes se hicieron cargo del manejo y administración de las empresas en cuestión e invirtieron el 100 % de su aporte en las propias empresas capitalizadas.

Gobierno Sánchez de Lozada 1993-1997

La llegada de Sánchez de Lozada a la presidencia coincidió con un momento crucial para el país, habían pasado dos períodos desde el comienzo de la aplicación de la nueva política económica, de la que él mismo fue gestor y se hacía indispensable un salto cualitativo que transformara la estructura social y económica del país, que respondiera al desafío de un nuevo estado que sustituyera el agotado andamiaje que el MNR había fundado en 1952.

Víctor Hugo Cárdenas (1951)

Víctor Hugo Cárdenas fue el primer vicepresidente indio en la historia de Bolivia. De origen aimara, nació en la comunidad de Achica Bajo (a orillas del lago Titicaca) en el departamento de La Paz el 4 de junio de 1951.

Estudió literatura y pedagogía en la Universidad Mayor de San Andrés, carreras de las que egresó en 1977. Fue profesor de esta universidad. Participó como consultor en el diseño de la reforma educativa que defendió y apoyó como vicepresidente de la nación.

Gonzalo Sánchez de Lozada (1930)

Gonzalo Sánchez de Lozada nació en La Paz el 1 de julio de 1930. Desde muy pequeño vivió en los Estados Unidos, de donde le queda la particular pronunciación “agringada” del castellano.  Estudió filosofía y letras en la Universidad de Chicago.

Un presidente viajero. El puerto de Ilo. Las elecciones de 1993

Si Rene Barrientos se caracterizó por sus viajes dentro de Bolivia, Jaime Paz lo hizo por sus viajes fuera de la nación. Sumó 40 durante su mandato. Los más importantes fueron a la I Cumbre de jefes de estado de Iberoamérica en Guadalajara, a Argentina para el acuerdo de “borrón y cuenta nueva” de deudas con ese país y una regularización del contrato de venta de gas, que en términos generales fue desventajoso para Bolivia por la reducción de volumen y precio.

Acuerdos Políticos y Leyes para el Cambio

El 5 de febrero de 1991 y el 9 de julio de 1992, se firmaron sendos acuerdos entre los principales partidos políticos del país, en un rasgo de madurez sin precedentes en nuestra historia y sin parangón en América Latina. Los acuerdos de consenso permitieron el nombramiento de una nueva Corte Nacional Electoral por dos tercios de votos del congreso; igual procedimiento se usó para nombrar los nuevos jueces de la Corte Suprema y el Contralor General. La nueva Corte electoral garantizó elecciones municipales y nacionales limpias y devolvió la fe en el proceso de voto.

Exportaciones y productos “no tradicionales”

La tradición histórica de las exportaciones desde el comienzo de la república condicionó al país a la monoproducción o, cuando mucho, la exportación de dos productos mayoritarios (plata, quina, estaño, goma y gas fueron los productos básicos de los que Bolivia vivió a lo largo de su historia reciente) complementados en minería por varios metales y no metales importantes, y en hidrocarburos por petróleo y derivados. El denominativo de productos no tradicionales se dio a todos aquellos que no entraban en el rango mencionado.

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Las elecciones municipales de fines del 93 ratificaron la mayoría del MNR. Lo más destacado fue el mal resultado para el MIR (9,3 %) y la ADN (11,4%), al punto que el jefe adenista Hugo Banzer renunció a la jefatura de su partido un mes antes del proceso electoral, previendo el resultado. Se pensó que sería el retiro definitivo de Banzer, pero los hechos políticos lo desmintieron. Por el contrario, en 1997 fue elegido Presidente Constitucional.

El proceso de globalización mundial de la economía (un solo modelo de economía abierta, nuevas tecnologías, revolución de las comunicaciones, internet), condujo a un proceso creciente de integración en diversas regiones del mundo. En ese contexto el 26 de marzo de 1991 se creó el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), mediante acta presidencial firmada en Asunción (Paraguay), con la participación de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Esto implica integrar a finales del siglo XX a 208,5 millones de seres humanos en una superficie de 11,9 millones de kilómetros cuadrados.

Sánchez de Lozada, igual que su antecesor, realizó más de cuarenta viajes al exterior. El país organizó encuentros de la magnitud del Grupo de Río en Cochabamba (1996) con la presencia de 13 jefes de estado, la Cumbre de las Américas para el Desarrollo Sostenible en Santa Cruz (1996) con la participación de más de treinta países. También en diciembre de ese año se realizó la sexta reunión de Primeras Damas de las Américas en La Paz en abril de 1997 la cumbre de Presidentes del Pacto Andino en Sucre.

El hecho más grave del que fue responsable el gobierno de Sánchez de Lozada fue el desenlace sangriento producido en vísperas de la Navidad de 1996 en los centros mineros de Amayapampa, Capacirca y Llallagua. La toma ilegal de minas de propiedad privada (empresa extranjera Dacapo) por parte de mineros que se oponían al trabajo de los propietarios, condujo al gobierno a la intervención de esas minas. Para ello envió un destacamento policial bajo la dirección de su comandante Gral. Willy Arriaza.

Entre 1993 y 1994, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Edgar Oblitas Fernández, y uno de sus magistrados, Ernesto Poppe Martínez, fueron enjuiciados en el senado acusados de prevaricato. La base del juicio fue el soborno pagado al ex- magistrado Hugo Galindo Decker, emisario de los mencionados jueces, por el nicaragüense Antonio Ibarra, sujeto a un pedido de extradición de su país, para que esta solicitud fuese denegada. El senado esta vez sí sentenció a ambos con la destitución de sus cargos y la prohibición del ejercicio profesional por un período de diez años.

El escándalo político de mayor magnitud en este período fue el llamado “Narcovínculos”. La detención de Isaac “Oso” Chavarría y Carmelo “Meco” Domínguez, acusados de desarrollar actividades de narcotráfico, llevó al descubrimiento de papeles personales de Chavarría y acusaciones de Domínguez, que parecían involucrar al ex - Presidente Jaime Paz Zamora y otros dirigentes miristas, entre ellos Óscar Eid Franco.

La reforma a la constitución, respetando los mecanismos que la propia carta magna estipula para sus cambios, es uno de los mejores ejemplos de la institucionalización democrática de Bolivia. El consenso para hacerla fue producto de acuerdos logrados en 1992 (febrero y julio). El Presidente promulgó la constitución reformada, el 12 de Agosto de 1994.

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