El Presidente Morales a través de su mayoría parlamentaria y tras una difícil negociación con Podemos, aprobó la convocatoria a elecciones para la Asamblea Constituyente que debía elegir 255 constituyentes y realizar el referéndum sobre autonomías. La ley indicaba que la única tarea de la Asamblea era aprobar una nueva Constitución en un tiempo máximo de un año, que sería sometida para su aprobación a un referéndum popular. La Constitución debía ser votada por dos tercios de los asambleístas.
El ejecutivo tuvo como una de las tareas más complejas de la gestión la negociación y resolución de conflictos sociales que en 20 meses sumaron más de 12.000 puntos de demanda. En enero de 2005 se aprobó por decreto el Manual de Uso de la Fuerza en Conflictos Internos, para limitar excesos y arbitrariedades del poder político. Esta actitud general del gobernante pareció implicar una renuncia a su deber constitucional de hacer respetar el orden, que fue duramente criticada por varios sectores y especialmente por el empresariado. Pero debe recordarse que cuando el ejecutivo pidió "mano justa" al ministerio público, esto es aplicar justicia y procesar a los bloqueadores con la ley en la mano, el Fiscal General y los nueve fiscales de distrito respondieron que los bloqueos eran derechos constitucionales de los oprimidos.
Si bien es verdad que el gobierno acabó atrapado en un cerco incontrolable, logró en cambio demostrar que el respeto a los derechos humanos y la vida eran principios vertebrales de su política, lo que marcó el fin de una espiral de violencia que le había costado a la democracia más de 250 muertos como producto de conflictos sociales en el periodo 1993-2003. El sangriento desenlace del gobierno anterior, que intentó imponer la Constitución con el ejército en las calles, mostró que ni una ni otra forma de gobierno lograron el resultado buscado en una sociedad que atravesaba una de sus más profundas crisis históricas.