Una Política de Respeto a la Vida y a los Derechos Humanos

El ejecutivo tuvo como una de las tareas más complejas de la gestión la negociación y resolución de conflictos sociales que en 20 meses sumaron más de 12.000 puntos de demanda. En enero de 2005 se aprobó por decreto el Manual de Uso de la Fuerza en Conflictos Internos, para limitar excesos y arbitrariedades del poder político. Esta actitud general del gobernante pareció implicar una renuncia a su deber constitucional de hacer respetar el orden, que fue duramente criticada por varios sectores y especialmente por el empresariado. Pero debe recordarse que cuando el ejecutivo pidió "mano justa" al ministerio público, esto es aplicar justicia y procesar a los bloqueadores con la ley en la mano, el Fiscal General y los nueve fiscales de distrito respondieron que los bloqueos eran derechos constitucionales de los oprimidos.

Si bien es verdad que el gobierno acabó atrapado en un cerco incontrolable, logró en cambio demostrar que el respeto a los derechos humanos y la vida eran principios vertebrales de su política, lo que marcó el fin de una espiral de violencia que le había costado a la democracia más de 250 muertos como producto de conflictos sociales en el periodo 1993-2003. El sangriento desenlace del gobierno anterior, que intentó imponer la Constitución con el ejército en las calles, mostró que ni una ni otra forma de gobierno lograron el resultado buscado en una sociedad que atravesaba una de sus más profundas crisis históricas.

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El Presidente Morales a través de su mayoría parlamentaria y tras una difícil negociación con Podemos, aprobó la convocatoria a elecciones para la Asamblea Constituyente que debía elegir 255 constituyentes y realizar el referéndum sobre autonomías. La ley indicaba que la única tarea de la Asamblea era aprobar una nueva Constitución en un tiempo máximo de un año, que sería sometida para su aprobación a un referéndum popular. La Constitución debía ser votada por dos tercios de los asambleístas.

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En un afán de demostrar buena voluntad con el legislativo, el Primer Mandatario aceptó la imposición del presidente del Senado de desplazar al comandante del ejército César López rompiendo la institucionalidad y le negó a esa fuerza, como correspondía, el Comando en Jefe de las FF.AA. En cambio, nombró comandante de ejército a Marcelo Antezana, fuertemente ligado al MNR, que había sido reiteradamente acusado de vínculos con quienes desestabilizaron al gobierno de Mesa Gisbert. Antezana tuvo mucho que ver con el problema de los misiles.

Un conjunto de circunstancias muy particulares llevaron de manera inesperada a Eduardo Rodríguez a la primera magistratura del país. Nunca antes el mecanismo de sucesión constitucional había llegado hasta el Presidente de la Corte Suprema.

Nació en Cochabamba el 2 de marzo de 1956. Estudió derecho en la Universidad Mayor de San Simón. Obtuvo el título de Abogado en 1981. Cursó una maestría en Administración Pública por la Escuela de Gobierno J. F. Kennedy de la Universidad de Harvard, EE.UU. en 1988. Prestó servicios como subcontralor de la Contraloría General de la República y fue Asesor General del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.

El entrabamiento sistemático a la gestión gubernamental por parte del Congreso, el enfrentamiento entre el Presidente y los legisladores, la presión de sectores radicales de izquierda y derecha con la cuestión de la nacionalización de los hidrocarburos y las autonomías como banderas, colocaron al gobierno en un punto de extrema dificultad que estalló cuando Evo Morales, que había mantenido una posición ambigua de apoyo en bajo perfil y crítica dura según el caso, decidió lanzarse a la oposición abierta.

En los diez años anteriores los gobiernos bolivianos habían decidido bajar el perfil de la demanda marítima, convencidos de que los acuerdos económicos con Chile terminarían por solucionar el problema. Esa lógica no consiguió ningún avance en la cuestión marítima, solo la oferta de una zona franca en territorio chileno, que lo que quería era garantizar el abastecimientos del mercado chileno con gas boliviano, el verdadero objetivo de Santiago.