Mar, Soberanía y Gas como Arma Estratégica. Inicio de Juicio Sánchez De Lozada

En los diez años anteriores los gobiernos bolivianos habían decidido bajar el perfil de la demanda marítima, convencidos de que los acuerdos económicos con Chile terminarían por solucionar el problema. Esa lógica no consiguió ningún avance en la cuestión marítima, solo la oferta de una zona franca en territorio chileno, que lo que quería era garantizar el abastecimientos del mercado chileno con gas boliviano, el verdadero objetivo de Santiago.

En su discurso a la Nación de 4 de enero de 2004, Mesa Gisbert pidió a Chile una actitud que entienda la realidad del siglo XXI, dijo que era imposible una relación fluida entre dos países histórica, económica y culturalmente complementarios si no se resolvía el tema de la soberanía boliviana. Para entender esta posición había que recordar que además de la convicción histórica estaba el efecto que habían dejado los casi 70 muertos de octubre, que exigieron no exportar el gas boliviano por Chile, lo que bloqueaba toda opción de avanzar en la dirección propuesta por el Presidente chileno Lagos a sus colegas Banzer, Quiroga y Sánchez de Lozada. Mesa Gisbert y su canciller Juan Ignacio Siles se reunieron con una docena de ex cancilleres bolivianos a los que les explicaron y consultaron la nueva estrategia. Bolivia recibió el apoyo de los presidentes de Venezuela y Uruguay, del ex presidente Cárter de EE.UU. y del secretario general de la ONU Koffi Anan.

El Presidente Lagos reaccionó con dureza. A Chile la palabra soberanía le parecía inaceptable. El 12 de enero en la cumbre extraordinaria de las Americas en Monterrey (México), en presencia de una veintena de jefes de estado, se produjo un enfrentamiento verbal entre Mesa Gisbert y Lagos, en el que por primera vez en un foro internacional de esa magnitud y en presencia de su colega chileno, un Presidente de Bolivia le decía al hemisferio que mientras no se resolviera la demanda boliviana, los procesos de integración subregional y continental no podrían tener éxito.

El gobierno entendió que el poder que le daba a Bolivia su gigantesca reserva de gas natural y la necesidad apremiante de ese energético por parte de Chile, nos proporcionaba un arma de negociación que no habíamos tenido en el pasado. La cuarta pregunta del referéndum del gas daba precisamente el respaldo ciudadano a la política de Mesa Gisbert de usar el gas como recurso estratégico para el logro de una salida útil y soberana al Pacífico. Así se posicionó el tema boliviano en la agenda internacional y se obligó a Chile a una campaña que intentó sin éxito debilitar la repercusión internacional de una cuestión que no se podía ya excluir de los temas pendientes en América del Sur. La tesis del gobierno no era la definición simplista de “gas por mar”, buscaba construir una relación estrecha con el Perú para exportar el gas boliviano por un puerto peruano con destino a México y Estados Unidos, en un proyecto binacional con el gas de ambos países, aprovechando los altos precios internacionales que hacían técnica y económicamente viable el proyecto, considerando además la insuficiencia de las reservas peruanas para un megaproyecto encarado individualmente, que permitiera el desarrollo de energía para el oeste de Bolivia y sur del Perú. Esto daría a ambos condiciones favorables de negociación con Chile. Ese fue el espíritu del acuerdo entre Mesa Gisbert y el Presidente Toledo del Perú en agosto de 2004 que se sumaba a un Tratado de Libre Comercio firmado en esa ocasión, igual que el acuerdo de intenciones con el Presidente mexicano Fox para la exportación de gas a ese país y la limitación a la Argentina para revender a Chile el gas que importaba de Bolivia.

Inicio de Juicio Gonzalo Sánchez De Lozada

En enero de 2004 la Corte Suprema envió al Congreso el pliego acusatorio presentado por la fiscalía general. En septiembre Sánchez de Lozada envió desde Washington un mensaje exigiendo una investigación a todos los responsables le los hechos de octubre.

El 13 de octubre el Congreso votó por más de dos tercios, incluyendo a la mayoría de los militantes de su propio partido, por la apertura de un juicio de responsabilidades contra el ex presidente y sus quince ministros de estado, por los hechos de octubre de 2003 que lo obligaron a renunciar al cargo.

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