Reformas Institucionales

Uno de los mayores esfuerzos de la democracia boliviana a lo largo de los años fue la profundización de la institucionalidad. Un paso en esa dirección fue la creación de nuevas instituciones a partir de las reformas constitucionales de 1994. El gobierno de Banzer puso en marcha este mecanismo a través de la elección vía parlamento de los miembros del Tribunal Constitucional, Consejo de la Judicatura y Defensoría del Pueblo. Renovó también la Corte Suprema con el nombramiento de siete magistrados. Estas nuevas instancias fueron fundamentales para mejorar el poder judicial, seriamente cuestionado durante todo el periodo democrático. La idea era un camino hacia la despolitización del poder judicial y una mayor y genuina independencia con relación al poder ejecutivo. Aunque de hecho, lo partidos grandes mantuvieron un control sobre el poder judicial, mediante acuerdos parlamentarios para lograr los dos tercios requeridos. Otro aporte importante fue la reforma del código de procedimiento penal que dio un salto decisivo dando fin al sistema escrito y dando comienzo a la oralidad de los juicios, además de la inclusión de los jueces ciudadanos, lo que permitió juicios expeditos y la aceleración de administración de justicia en este ámbito.

El gobierno asumió la responsabilidad y avanzó en el camino de mejorar una entidad tan cuestionada como la aduana, comenzando su institucionalización a través de una nueva ley que buscaba cerrar los caminos de la corrupción, con la creación de un directorio y un director autónomos, nombrados directamente por el congreso.

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El Presidente Morales a través de su mayoría parlamentaria y tras una difícil negociación con Podemos, aprobó la convocatoria a elecciones para la Asamblea Constituyente que debía elegir 255 constituyentes y realizar el referéndum sobre autonomías. La ley indicaba que la única tarea de la Asamblea era aprobar una nueva Constitución en un tiempo máximo de un año, que sería sometida para su aprobación a un referéndum popular. La Constitución debía ser votada por dos tercios de los asambleístas.

El proceso electoral de diciembre fue distinto a los anteriores Los viejos partidos llegaban deslegitimados, ya habían sido derrotados en las municipales de 2004. La candidatura de Evo Morales del MAS, acompañado por Álvaro García Linera intelectual ex miembro del EGTK, representaba la insurgencia indígena, la recomposición de la izquierda y la acumulación del sindicalismo cocalero y gremial.

En un afán de demostrar buena voluntad con el legislativo, el Primer Mandatario aceptó la imposición del presidente del Senado de desplazar al comandante del ejército César López rompiendo la institucionalidad y le negó a esa fuerza, como correspondía, el Comando en Jefe de las FF.AA. En cambio, nombró comandante de ejército a Marcelo Antezana, fuertemente ligado al MNR, que había sido reiteradamente acusado de vínculos con quienes desestabilizaron al gobierno de Mesa Gisbert. Antezana tuvo mucho que ver con el problema de los misiles.

Un conjunto de circunstancias muy particulares llevaron de manera inesperada a Eduardo Rodríguez a la primera magistratura del país. Nunca antes el mecanismo de sucesión constitucional había llegado hasta el Presidente de la Corte Suprema.

Nació en Cochabamba el 2 de marzo de 1956. Estudió derecho en la Universidad Mayor de San Simón. Obtuvo el título de Abogado en 1981. Cursó una maestría en Administración Pública por la Escuela de Gobierno J. F. Kennedy de la Universidad de Harvard, EE.UU. en 1988. Prestó servicios como subcontralor de la Contraloría General de la República y fue Asesor General del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.

El entrabamiento sistemático a la gestión gubernamental por parte del Congreso, el enfrentamiento entre el Presidente y los legisladores, la presión de sectores radicales de izquierda y derecha con la cuestión de la nacionalización de los hidrocarburos y las autonomías como banderas, colocaron al gobierno en un punto de extrema dificultad que estalló cuando Evo Morales, que había mantenido una posición ambigua de apoyo en bajo perfil y crítica dura según el caso, decidió lanzarse a la oposición abierta.

En los diez años anteriores los gobiernos bolivianos habían decidido bajar el perfil de la demanda marítima, convencidos de que los acuerdos económicos con Chile terminarían por solucionar el problema. Esa lógica no consiguió ningún avance en la cuestión marítima, solo la oferta de una zona franca en territorio chileno, que lo que quería era garantizar el abastecimientos del mercado chileno con gas boliviano, el verdadero objetivo de Santiago.