Ley del Diálogo. Campaña contra el BONOSOL y creación del BOLIVIDA

En septiembre de 1997, el Presidente convocó a un diálogo nacional que se inició con la participación de los principales sectores de la sociedad civil y política. De esta iniciativa surgió la idea de abrir un espacio de diálogo con participación de todos los sectores para establecer una estrategia de lucha contra la pobreza (2000). Esta idea se unió a la decisión de algunas naciones de condonar parte de nuestra deuda con la condición de que el monto condonado fuese íntegramente invertido en área social (HIPC II). Si bien la aprobación de una ley del diálogo con esa base económica abrió un camino importante de participación, reforzó las ideas corporativistas de muchos grupos sociales, prescindió del valor mediador y representativo del Congreso Nacional y debilitó la institucionalidad del país.

La Campaña contra el BONOSOL y la creación del BOLIVIDA

Una de las medidas más polémicas de esta administración fue la eliminación del Bonosol que había surgido del proceso de capitalización. Tomando una decisión ilegal sobre fondos privados, el gobierno eliminó el mencionado bono y lo sustituyó por el Bolivida. Del total del monto destinado al Bonosol (que en 1997 significó 248 dólares para cada persona mayor de 65 años), un tercio fue al nuevo bono equivalente a unos sesenta dólares por persona, y dos tercios a acciones para todos los bolivianos beneficiarios, que podrían usarlas como garantía de créditos o como base de ahorro para la jubilación. Esta segunda parte nunca se cumplió ni se aplicó, y quedó sin efecto cuando el segundo gobierno de Sánchez de Lozada repuso el Bonosol.

 

Más del Tema
Contenidos Relacionados

El Presidente Morales a través de su mayoría parlamentaria y tras una difícil negociación con Podemos, aprobó la convocatoria a elecciones para la Asamblea Constituyente que debía elegir 255 constituyentes y realizar el referéndum sobre autonomías. La ley indicaba que la única tarea de la Asamblea era aprobar una nueva Constitución en un tiempo máximo de un año, que sería sometida para su aprobación a un referéndum popular. La Constitución debía ser votada por dos tercios de los asambleístas.

El proceso electoral de diciembre fue distinto a los anteriores Los viejos partidos llegaban deslegitimados, ya habían sido derrotados en las municipales de 2004. La candidatura de Evo Morales del MAS, acompañado por Álvaro García Linera intelectual ex miembro del EGTK, representaba la insurgencia indígena, la recomposición de la izquierda y la acumulación del sindicalismo cocalero y gremial.

En un afán de demostrar buena voluntad con el legislativo, el Primer Mandatario aceptó la imposición del presidente del Senado de desplazar al comandante del ejército César López rompiendo la institucionalidad y le negó a esa fuerza, como correspondía, el Comando en Jefe de las FF.AA. En cambio, nombró comandante de ejército a Marcelo Antezana, fuertemente ligado al MNR, que había sido reiteradamente acusado de vínculos con quienes desestabilizaron al gobierno de Mesa Gisbert. Antezana tuvo mucho que ver con el problema de los misiles.

Un conjunto de circunstancias muy particulares llevaron de manera inesperada a Eduardo Rodríguez a la primera magistratura del país. Nunca antes el mecanismo de sucesión constitucional había llegado hasta el Presidente de la Corte Suprema.

Nació en Cochabamba el 2 de marzo de 1956. Estudió derecho en la Universidad Mayor de San Simón. Obtuvo el título de Abogado en 1981. Cursó una maestría en Administración Pública por la Escuela de Gobierno J. F. Kennedy de la Universidad de Harvard, EE.UU. en 1988. Prestó servicios como subcontralor de la Contraloría General de la República y fue Asesor General del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.

El entrabamiento sistemático a la gestión gubernamental por parte del Congreso, el enfrentamiento entre el Presidente y los legisladores, la presión de sectores radicales de izquierda y derecha con la cuestión de la nacionalización de los hidrocarburos y las autonomías como banderas, colocaron al gobierno en un punto de extrema dificultad que estalló cuando Evo Morales, que había mantenido una posición ambigua de apoyo en bajo perfil y crítica dura según el caso, decidió lanzarse a la oposición abierta.

En los diez años anteriores los gobiernos bolivianos habían decidido bajar el perfil de la demanda marítima, convencidos de que los acuerdos económicos con Chile terminarían por solucionar el problema. Esa lógica no consiguió ningún avance en la cuestión marítima, solo la oferta de una zona franca en territorio chileno, que lo que quería era garantizar el abastecimientos del mercado chileno con gas boliviano, el verdadero objetivo de Santiago.