El Presidente Morales a través de su mayoría parlamentaria y tras una difícil negociación con Podemos, aprobó la convocatoria a elecciones para la Asamblea Constituyente que debía elegir 255 constituyentes y realizar el referéndum sobre autonomías. La ley indicaba que la única tarea de la Asamblea era aprobar una nueva Constitución en un tiempo máximo de un año, que sería sometida para su aprobación a un referéndum popular. La Constitución debía ser votada por dos tercios de los asambleístas.
El Caso Diodato
A mediados de 1999 en un operativo organizado por la DEA fue detenido Marino Diodato y un grupo de sus colaboradores italianos. Diodato fue acusado de narcotráfico. Casado con una sobrina de Banzer, regentó casinos, primero libremente, después clandestinos, organizó una red de teléfonos celulares ilegales y manejó de modo irregular armamento militar. A principios de los noventa había sido nombrado capitán de las FF.AA. a pesar de ser extranjero y de haber sido expulsado de la policía italiana. Se lo vinculó con una red de espionaje telefónico organizada desde palacio de gobierno por el Gral. Luis Iriarte.
Se mencionó que habían sido intervenidas las líneas del propio vicepresidente Quiroga, directores de medios e importantes políticos, sin embargo la investigación del caso se diluyó. Tras un agotador proceso, la acusación de narcotráfico contra Diodato llevó a su condena a diez años de cárcel. El caso tocó muy de cerca al Presidente y generó la primera crisis seria que parecía amenazar la propia permanencia del Jefe de Estado en el poder, dada la cantidad de temas oscuros que salieron a la luz y que vinculaban a sus círculos más próximos.
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El proceso electoral de diciembre fue distinto a los anteriores Los viejos partidos llegaban deslegitimados, ya habían sido derrotados en las municipales de 2004. La candidatura de Evo Morales del MAS, acompañado por Álvaro García Linera intelectual ex miembro del EGTK, representaba la insurgencia indígena, la recomposición de la izquierda y la acumulación del sindicalismo cocalero y gremial.
En un afán de demostrar buena voluntad con el legislativo, el Primer Mandatario aceptó la imposición del presidente del Senado de desplazar al comandante del ejército César López rompiendo la institucionalidad y le negó a esa fuerza, como correspondía, el Comando en Jefe de las FF.AA. En cambio, nombró comandante de ejército a Marcelo Antezana, fuertemente ligado al MNR, que había sido reiteradamente acusado de vínculos con quienes desestabilizaron al gobierno de Mesa Gisbert. Antezana tuvo mucho que ver con el problema de los misiles.
Un conjunto de circunstancias muy particulares llevaron de manera inesperada a Eduardo Rodríguez a la primera magistratura del país. Nunca antes el mecanismo de sucesión constitucional había llegado hasta el Presidente de la Corte Suprema.
Nació en Cochabamba el 2 de marzo de 1956. Estudió derecho en la Universidad Mayor de San Simón. Obtuvo el título de Abogado en 1981. Cursó una maestría en Administración Pública por la Escuela de Gobierno J. F. Kennedy de la Universidad de Harvard, EE.UU. en 1988. Prestó servicios como subcontralor de la Contraloría General de la República y fue Asesor General del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
El entrabamiento sistemático a la gestión gubernamental por parte del Congreso, el enfrentamiento entre el Presidente y los legisladores, la presión de sectores radicales de izquierda y derecha con la cuestión de la nacionalización de los hidrocarburos y las autonomías como banderas, colocaron al gobierno en un punto de extrema dificultad que estalló cuando Evo Morales, que había mantenido una posición ambigua de apoyo en bajo perfil y crítica dura según el caso, decidió lanzarse a la oposición abierta.
En los diez años anteriores los gobiernos bolivianos habían decidido bajar el perfil de la demanda marítima, convencidos de que los acuerdos económicos con Chile terminarían por solucionar el problema. Esa lógica no consiguió ningún avance en la cuestión marítima, solo la oferta de una zona franca en territorio chileno, que lo que quería era garantizar el abastecimientos del mercado chileno con gas boliviano, el verdadero objetivo de Santiago.