El Presidente Morales a través de su mayoría parlamentaria y tras una difícil negociación con Podemos, aprobó la convocatoria a elecciones para la Asamblea Constituyente que debía elegir 255 constituyentes y realizar el referéndum sobre autonomías. La ley indicaba que la única tarea de la Asamblea era aprobar una nueva Constitución en un tiempo máximo de un año, que sería sometida para su aprobación a un referéndum popular. La Constitución debía ser votada por dos tercios de los asambleístas.
Las dos medidas sociales más importantes de este periodo fueron el Bonosol y El Sumi. A través de una ley se repuso el Bonosol, que con una intención política evidente el gobierno de Banzer sustituyó por el inoperante y efímero Bolivida. El bono volvió con un pago anual de 1.800 bolivianos a cada persona mayor de 65 años. Esta medida es uno de los legados más importantes de Sánchez de Lozada a la política social boliviana como producto de la capitalización.
La creación del Seguro Único Materno Infantil (Sumi) que garantiza atención médica gratuita a la madre en el periodo de gestación y parto y a los niños hasta los cinco años, fue un esfuerzo clave para reducir indicadores de morbilidad (enfermedades) y mortalidad materno infantil y distribuyó esfuerzos entre estado y municipios para cubrir estos requerimientos, que si bien afrontaron problemas de aplicación y cobertura sobre todo en el área rural, marcaron otro avance en el cumplimiento de responsabilidad estatal en uno de los sectores más sensibles y vulnerables de la sociedad.