El Presidente Morales a través de su mayoría parlamentaria y tras una difícil negociación con Podemos, aprobó la convocatoria a elecciones para la Asamblea Constituyente que debía elegir 255 constituyentes y realizar el referéndum sobre autonomías. La ley indicaba que la única tarea de la Asamblea era aprobar una nueva Constitución en un tiempo máximo de un año, que sería sometida para su aprobación a un referéndum popular. La Constitución debía ser votada por dos tercios de los asambleístas.
El origen del problema se vincula a la otorgación arbitraria y discrecional de grandes extensiones de tierra sobre todo en el oriente del país en gobiernos dictatoriales (especialmente en el periodo 1971-1981), un manejo discrecional del Consejo Nacional de Reforma Agraria (CNRA) antes de la ley INRA de 1996 y grandes irregularidades en los procesos de saneamiento. La creciente migración de colonos quechuas y aymarás a las tierras bajas, sin apoyo técnico adecuado y con asentamientos espontáneos, marcó una presión cada vez mayor sobre el territorio y demandas que no se cubrieron por la lentitud de los procesos de titulación y tenencia. Se produjo también superposición de espacios (tierras comunitarias de origen, concesiones forestales, áreas de explotación petrolera y tierras agrícolas).
La creación del Movimiento Sin Tierra (MST) generó acciones sistemáticas y arbitrarias de tomas de tierras que obligaron al gobierno y sus sucesores a largas y difíciles negociaciones o desalojos de hecho. El MST a su vez, respondió a móviles políticos e intereses personales de dirigentes no siempre referidas a las legítimas reivindicaciones de los más pobres, y aprovechó la debilidad del estado para generar presiones irracionales y violentas sobre éste.
El tema que había tenido su punto de explosión inicial en Pananti (Gran Chaco) en 2002, se expandió y se convirtió en una de las cuestiones cruciales de la realidad social y económica del país, sobre todo en el oriente, pero también en algunos lugares del valle y el altiplano. Se produjeron tomas de tierra en Terebinto, Chore y Yuquises (Santa Cruz). En Monteverde (Santa Cruz), hombres armados impidieron el ingreso de funcionarios del INRA para hacer una inspección legal. Hubo invasiones en Carrasco (Cochabamba) y Collana (La Paz). En todos estos sitios el gobierno hizo desalojos con policía y FF.AA. En Yuquises esta decisión dejó un saldo de tres muertos.