El Presidente Morales a través de su mayoría parlamentaria y tras una difícil negociación con Podemos, aprobó la convocatoria a elecciones para la Asamblea Constituyente que debía elegir 255 constituyentes y realizar el referéndum sobre autonomías. La ley indicaba que la única tarea de la Asamblea era aprobar una nueva Constitución en un tiempo máximo de un año, que sería sometida para su aprobación a un referéndum popular. La Constitución debía ser votada por dos tercios de los asambleístas.
En Bolivia el pacto social para gobernarse entro en una crisis extremadamente grave a fines del siglo XX, el acuerdo civilizado entre los ciudadanos comenzó a quebrarse, la confianza entre la sociedad y el estado se rompió y esa ruptura devino en violencia, la sistemática violación de la ley y la negociación de la misma como mecanismo de presión de cualquier demanda legítima o ilegitima esta espiral condujo a una necesidad. Había que recomponer la relación entre estado y sociedad a partir de la construcción de un nuevo pacto social, pero esta vez un pacto social que naciera de la voluntad popular, específicamente para una constituyente y que tuviera en sus representantes genuinamente a quienes salían de la base del pueblo y que sea reconocida en el texto constitucional.
El 20 de febrero de 2004, el Presidente promulgó la reforma a la Constitución que incluyó como mecanismos de deliberación y gobierno del pueblo a la Asamblea Constituyente, la Iniciativa Legislativa Ciudadana y el Referéndum. Incorporó el habeas data, que protege al ciudadano de información pública que dañe su imagen. Estableció que también los extranjeros casados con bolivianas adquieren la nacionalidad. Reconoció la doble nacionalidad. Restringió la inmunidad de los parlamentarios. Eliminó el monopolio de los partidos políticos, permitiendo que agrupaciones ciudadanas o indígenas puedan presentar candidatos a las elecciones municipales y nacionales. La gestión Mesa Gisbert ratificó así su voluntad de llevar adelante la Asamblea, creando la Unidad de Coordinación para la Asamblea Constituyente (UCAC), que sentó las bases organizativas de lo que fue la convocatoria de 2005.