El Presidente Morales a través de su mayoría parlamentaria y tras una difícil negociación con Podemos, aprobó la convocatoria a elecciones para la Asamblea Constituyente que debía elegir 255 constituyentes y realizar el referéndum sobre autonomías. La ley indicaba que la única tarea de la Asamblea era aprobar una nueva Constitución en un tiempo máximo de un año, que sería sometida para su aprobación a un referéndum popular. La Constitución debía ser votada por dos tercios de los asambleístas.
El Presidente intentó encuadrar su relación con el principal líder de la oposición, Evo Morales, en un clima de diálogo y búsqueda de solución al problema de la coca, para ello Sánchez de Lozada se reunió cinco veces con Morales entre septiembre y diciembre de 2002. Estos encuentros trataron de resolver los límites de la erradicación de hoja ilegal, la posibilidad de una pausa en ese proceso, la mejora del desarrollo alternativa o con fondos directos en manos de los municipios, la desmilitarización del Chapare, la posibilidad de autorizar un cato de coca por familia en la zona (algo menos de media hectárea) y el posible inventario de la coca legal que redimensionara las 12.000 hectáreas aceptadas por la ley 1008, hacía arriba o hacia abajo.
El contexto de la discusión fue el incremento de un 23 % de la coca ilegal cultivada en 2002 y la negativa rotunda de Estados Unidos a la pausa y al cato de coca. En esos meses se produjo además la muerte de un cocalero en enfrentamientos y la de dos soldados de la fuerza conjunta de tareas en una emboscada. Todo ello condujo al fracaso de este esfuerzo genuino de diálogo y marcó la decisión de Morales de pasar a 1a ofensiva al comienzo del 2003. El 13 de enero, Evo decidió, justificado por ese diálogo frustrado y sin ningún otro argumento valido de fondo, un bloqueo cocalero de la principal carretera del país (Cochabamba-Santa Cruz) que prolongó hasta el 25 de ese mes. El conflicto que terminó con un saldo de 12 muertos: 5 cocaleros, 4 campesinos, 1 minero, 1 militar y 1 policía, acabó con el esfuerzo de Sánchez por recuperar respaldo popular. A partir de ese momento se quebró toda relación entre el mandatario y la población. A fines de enero, el 71 % de los bolivianos desaprobaba la gestión que apenas llevaba cinco meses, nivel de repudio que creció día a día.