La flotación del peso boliviano. Comienza la hiperinflación

En el único intento de tomar una acción correctiva ante el desmoronamiento de la economía, el gobierno decidió una medida monetaria que el país se había negado tradicionalmente a adoptar ante la debilidad del peso. Fue la “flotación” de nuestra moneda en relación al dólar, evitando así la devaluación fija y no flexible asumida en 1956, 1972 y 1979. La medida pretendía dejar el peso librado al libre juego de oferta y demanda, pero carecía de un mecanismo elemental que permitiera al banco Central evitar la caída definitiva de nuestra moneda, pues no se contaba con un respaldo de divisas que desde el banco cubriera un proceso de demanda agudizado por la percepción de la ciudadanía de que el peso carecía de respaldo.

Fue el comienzo del despeñadero. Al tomar la medida en febrero de 1982 el peso comenzó a una paridad de 44 por cada dólar. Se abrió de ese modo el camino de la inflación primero y la hiperinflación después, que estuvieron a punto de llevar al país al desastre al promediar 1985. En ese lapso entre 1982 y 1985 (tres años) nuestra moneda se devaluó más de un millón de veces con relación a la paridad de 25 pesos por dólar existente hasta febrero de 1982.

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A fines de septiembre y a propuesta le la Confederación de Empresarios Privados, algunos partidos políticos y el vespertino “Ultima Hora”, el gobierno decidió convocar al parlamento elegido en 1980. Desde el punto de vista de 1a UDP la situación era paradójica, pues si por una parte era evidente que el congreso elegiría a Hernán Siles, por otra no era menos cierto que una eventual elección en ese momento le podía dar una cómoda mayoría absoluta que en ese congreso no tenía.

Guido Vildoso nació en Cochabamba en 1937. Se graduó en el colegio militar de ejército. Fue profesor en el colegio militar. Realizó estudios de especialización en Estados Unidos, Panamá y Brasil. Fue comandante de la escuela de comando y estado mayor de la VII división de ejército. En el gobierno Banzer fue ministro de Previsión Social y Salud Pública. Por decisión de las FF.AA. fue designado Presidente de la república cuando tenía 45 años. Entregó el mando al Presidente constitucional electo Hernán Siles. Tras dejar la presidencia se retiró a la vida privada.

La caída de García Meza fue formalmente adornada como renuncia y dio lugar a una junta de gobierno integrada por los tres máximos comandantes de las FF.AA., Celso Torrelio Villa del ejército, Waldo Bernal Pereira de la aviación y Óscar Pammo Rodríguez de la Armada. Mientras Torrelio tuvo un ascenso fulgurante durante el gobierno dictatorial, los otros dos comandantes se mantuvieron en sus cargos como para demostrar que el poder garciamezista se mantenía intacto.

A pesar de que al principio casi toda las FEAA. apoyaron el golpe de estado, a medida que pasaban los meses el malestar interno se expresó con intensidad. Los excesos de este gobierno superaron incluso los criterios más “flexibles” que habían tenido determinados sectores de la fuerza armada del país en el pasado. Algunas normas básicas de convivencia interna y códigos elementales de honor fueron alterados por la dictadura que terminó siendo repudiada por la propia institución que la llevó al poder.

La década de los años ochenta marco un hecho de trascendencia histórica dramática y determinante para la realidad social, económica y moral del país; el crecimiento espectacular del narcotráfico como negocio de insospechada expansión.

El gobierno García Meza fue acusado y condenado en la corte suprema por varios negociados, entre otros el de los vidrios rayban de la piscina Olímpica de La Paz que fueron usados en casas particulares de algunos oficiales de alta graduación, la adquisición fraudulenta de maquinaria para YPFB, la compra sobrevaluada de carritos de agricultura de origen argentino y otros.

El 15 de enero de 1981 se reunió la dirección clandestina del MIR en Bolivia para analizar un paquete económico que había lanzado el gobierno, que determinó el alza de varios productos de la canasta familiar. El grupo fue delatado y el ministerio del Interior, dirigido por Arce Gómez, organizó un operativo de aniquilación que culminó con el asesinato de ocho de los nueve dirigentes presentes en la reunión en una casa de la calle Harrington de La Paz.