A fines de septiembre y a propuesta le la Confederación de Empresarios Privados, algunos partidos políticos y el vespertino “Ultima Hora”, el gobierno decidió convocar al parlamento elegido en 1980. Desde el punto de vista de 1a UDP la situación era paradójica, pues si por una parte era evidente que el congreso elegiría a Hernán Siles, por otra no era menos cierto que una eventual elección en ese momento le podía dar una cómoda mayoría absoluta que en ese congreso no tenía.
Desde la decisión del gobierno Ovando de instalar fundiciones en Bolivia, muchos han sido los proyectos para ampliar el desarrollo de la metalurgia en el país. Los más importantes son Vinto (estaño) y Mutún (hierro) que no llegó a realizarse, La Palca (estaño de baja ley) y Karachipampa (plomo, plata). De éstos el más ambicioso construido fue el de la fundición de plomo-plata de Karachipampa en Potosí. El proyecto, nacido en el gobierno de Banzer, llegó a su etapa de concreción en el gobierno Padilla con la firma del contrato para la construcción de la fundición otorgada a la empresa alemana Klockner y a la empresa belga MECHIN. El costo final de la obra fue de 123 millones de dólares. Inaugurada en enero de 1984 la planta de Karachipampa nunca funcionó. Insuficiencia de producción de minerales, finalización de la garantía de las empresas constructoras, carencia de capital de inversión para empezar el funcionamiento, entre otras, son las razones de la incongruencia que impidió la productividad de una planta cuya inversión fue multimillonaria y jamás encendió su maquinaria ni fundió una sola tonelada de concentrados.
En el caso de La Palca, construida con tecnología y por técnicos soviéticos, el comienzo de su funcionamiento determinó una grave contaminación en el área próxima (Potosí), que exigió la paralización de labores, reconstrucción de la chimenea y reapertura. Luego de volver a funcionar se produjo una drástica caída del precio del estaño (1985), lo que obligó nuevamente a la paralización y a su posterior desguazamiento.
La experiencia de éste y otros proyectos gigantescos que encaró el estado sin un cálculo sensato de costo-beneficio y sin garantizar eficiencia y funcionamiento racional sin subsidios, condujo a gastos y endeudamiento desmesurados, demostrando que el estado manejado discrecionalmente no se caracterizó precisamente por ser un eficiente administrador de recursos y menos cuando se encargaba directamente de la producción económica del país.