El Juicio de Responsabilidades al Gobierno de Banzer

Nada más comenzar la legislatura de 1979 (la primera después de diez años), el líder del PS-1 Marcelo Quiroga Santa Cruz inició un juicio contra el ex-presidente Banzer tanto por delitos económicos como por violación de libertades esenciales de los bolivianos. En una exposición de casi doce horas Quiroga Santa Cruz ratificó sus brillantes condiciones como parlamentario y estableció una densa acusación contra lo que a su juicio no podía calificarse sino como una dictadura. La defensa del acusado insistió en que lo que se pretendía en realidad era juzgar a las Fuerzas Armadas y no a Banzer, generando una gran susceptibilidad militar que le daba argumentos a las FFAA. Proclives a un nuevo golpe de estado. La interrupción del proceso democrático provocó que el juicio fuese archivado primero y olvidado después. El reiterado éxito electoral de Banzer disminuyó notablemente las posibilidades de reavivar el mencionado juicio de responsabilidades. Años después, además, surgió el juicio de responsabilidades contra Garcia Meza que haría historia, contra un personaje mucho menos defendible que Banzer cuyo gobierno tuvo elementos positivos y cuyos votos lo redimieron de cara a los ciudadanos.

Contenidos Relacionados

A fines de septiembre y a propuesta le la Confederación de Empresarios Privados, algunos partidos políticos y el vespertino “Ultima Hora”, el gobierno decidió convocar al parlamento elegido en 1980. Desde el punto de vista de 1a UDP la situación era paradójica, pues si por una parte era evidente que el congreso elegiría a Hernán Siles, por otra no era menos cierto que una eventual elección en ese momento le podía dar una cómoda mayoría absoluta que en ese congreso no tenía.

Guido Vildoso nació en Cochabamba en 1937. Se graduó en el colegio militar de ejército. Fue profesor en el colegio militar. Realizó estudios de especialización en Estados Unidos, Panamá y Brasil. Fue comandante de la escuela de comando y estado mayor de la VII división de ejército. En el gobierno Banzer fue ministro de Previsión Social y Salud Pública. Por decisión de las FF.AA. fue designado Presidente de la república cuando tenía 45 años. Entregó el mando al Presidente constitucional electo Hernán Siles. Tras dejar la presidencia se retiró a la vida privada.

En el único intento de tomar una acción correctiva ante el desmoronamiento de la economía, el gobierno decidió una medida monetaria que el país se había negado tradicionalmente a adoptar ante la debilidad del peso. Fue la “flotación” de nuestra moneda en relación al dólar, evitando así la devaluación fija y no flexible asumida en 1956, 1972 y 1979.

La caída de García Meza fue formalmente adornada como renuncia y dio lugar a una junta de gobierno integrada por los tres máximos comandantes de las FF.AA., Celso Torrelio Villa del ejército, Waldo Bernal Pereira de la aviación y Óscar Pammo Rodríguez de la Armada. Mientras Torrelio tuvo un ascenso fulgurante durante el gobierno dictatorial, los otros dos comandantes se mantuvieron en sus cargos como para demostrar que el poder garciamezista se mantenía intacto.

A pesar de que al principio casi toda las FEAA. apoyaron el golpe de estado, a medida que pasaban los meses el malestar interno se expresó con intensidad. Los excesos de este gobierno superaron incluso los criterios más “flexibles” que habían tenido determinados sectores de la fuerza armada del país en el pasado. Algunas normas básicas de convivencia interna y códigos elementales de honor fueron alterados por la dictadura que terminó siendo repudiada por la propia institución que la llevó al poder.

La década de los años ochenta marco un hecho de trascendencia histórica dramática y determinante para la realidad social, económica y moral del país; el crecimiento espectacular del narcotráfico como negocio de insospechada expansión.

El gobierno García Meza fue acusado y condenado en la corte suprema por varios negociados, entre otros el de los vidrios rayban de la piscina Olímpica de La Paz que fueron usados en casas particulares de algunos oficiales de alta graduación, la adquisición fraudulenta de maquinaria para YPFB, la compra sobrevaluada de carritos de agricultura de origen argentino y otros.