A fines de septiembre y a propuesta le la Confederación de Empresarios Privados, algunos partidos políticos y el vespertino “Ultima Hora”, el gobierno decidió convocar al parlamento elegido en 1980. Desde el punto de vista de 1a UDP la situación era paradójica, pues si por una parte era evidente que el congreso elegiría a Hernán Siles, por otra no era menos cierto que una eventual elección en ese momento le podía dar una cómoda mayoría absoluta que en ese congreso no tenía.
La década de los años ochenta marco un hecho de trascendencia histórica dramática y determinante para la realidad social, económica y moral del país; el crecimiento espectacular del narcotráfico como negocio de insospechada expansión.
Si bien este fenómeno comenzó a darse al comienzo de los años setenta, tiempo en el que comenzaron a crecer los grupos que conformaron verdaderas mafias, fue realmente en los años ochenta y particularmente durante el gobierno de Luis García Meza, cuando se produjo la verdadera expansión del negocio, protegido incluso por el poder ejecutivo. Varios organismos internacionales y miembros del propio congreso de los Estados Unidos acusaron formalmente a Luis Arce Gómez ministró de García Meza de estar involucrado en operaciones de tráfico de drogas. Otros ministros y funcionarios (caso Ariel Coca y Norberto Salomón) fueron también implicados en casos de narcotráfico.
El cultivo tradicional de coca en la zona de los Yungas de La Paz para consumo tradicional de campesinos y mineros, comenzó a expandirse por esos años al norte de Santa Cruz, al departamento del Beni y, finalmente (a mediados de los ochenta), a la zona del Chapare en Cochabamba. Se estima que en Bolivia se producían en 1985 más de 103.000 toneladas de coca, más del 80% destinadas a la fabricación de cocaína. Cerca a 200.000 personas estaban involucradas en el narcotráfico, ya sea por cultivo, pisado para fabricación de pasta básica, o directamente narcotráfico. Se calcula que casi un 10 % de la población estaba directa o indirectamente vinculada a la economía del narcotráfico, que de acuerdo a estimaciones variables movía en 1985 entre 600 y 3.000 millones de dólares al año.
En 1950 había en Bolivia 2.929 productores de hoja de COCA para el consumo tradicional (Yungas). En 1987 ese número se había incrementado a 61.641 productores, siendo evidente que la evolución del consumo tradicional no determinó crecimiento alguno que no fuera el vegetativo. En 1960 la superficie cultivada de coca en Bolivia era de 3.300 hectáreas.
La protección que se le dio al narcotráfico en este período consolidó una industria ilegal que creció incesantemente hasta bien avanzados los años noventa. Fue recién a partir de 1993, que las políticas de erradicación comenzaron a dar algunos resultados. En este período los productores bolivianos se aliaron con los canales de Colombia, que en algún momento controlaron el circuito de producción desde Bolivia hasta Estados Unidos.
En 1975 el tambor de coca (100 libras) costaba 180 dólares, en 1980, 600 $us, en 1983 llegó a su pico, 800 $us por tambor, mientras que a partir de 1989 cayó a un promedio de entre 50 y 100 $us por tambor. El jornal de los pisacocas cayó de 15 dólares en 1980 a 20 bolivianos (algo más de 7 dólares) en 1989. En 1980 se producía alrededor de 450 toneladas de pasta base y 110 toneladas de clorhidrato de cocaína. Esa producción llegó en 1990 a 1.167 toneladas de pasta y 265 toneladas de cocaína.
El problema del narcotráfico fue, sin duda, uno de los más agobiantes y graves que afrontó el país, pues minó su estructura moral, incrementando vertiginosamente la corrupción. Influyó además de modo importante sobre nuestra economía. Se estima que en 1980 la coca representaba el 12 % del PIB, ese porcentaje cayó en 1993 al 2,7 % del PIB, lo que marca una disminución progresiva del impacto de la economía ilegal de la coca sobre la economía global del país. El problema adicional con el que se cerraba el círculo negativo fue el espacio abierto para el consumo interno que comenzó a ser peligroso en los años ochenta y noventa.
El problema debió encararse de manera multilateral en la medida en que el circuito del narcotráfico tiene dos puntas, la producción y el consumo. En cualquier economía, mientras haya en algún lugar alguien dispuesto a pagar por un producto, siempre habrá alguien dispuesto a producirlo. En el camino se da un círculo de intermediación que enriquece a la mafia y genera crimen y violencia sin límites. Esta realidad tardó en ser reconocida por los Estados Unidos, que al principio pretendía endilgarles toda la responsabilidad a los productores.