Las Elecciones de 1980

A pesar de todo, las elecciones se realizaron en ambiente de absoluta calma. La Presidenta logró cumplir una de sus máximas aspiraciones, presidir una elección pacífica y transparente. Volvió a ganar Hernán Siles con 507.173 votos (38.74%), el segundo lugar fue otra vez para Víctor Paz con 263.706 votos (20.15%) que perdió la mitad de los votos obtenidos en 1979 en gran medida por la sombra del golpe de noviembre que muchos le atribuían. Banzer logró 220.309 (16.83%), sin variantes en relación al 79, y Quiroga Santa Cruz 113.959 (8.71%), casi el doble de 1979. La proyección del líder socialista era excepcional y su crecimiento electoral superó toda expectativa.

Una vez más el Congreso tenía que decidir el ganador al no haber obtenido ningún candidato mayoría absoluta. La realidad era, sin embargo, dramática. El país entero sabía que el golpe de estado llegaría, lo único que quedaba como interrogante era cuando. Los militares se jactaban de su poder y de que interrumpirían el proceso en cualquier momento, lo hacían en privado y en público. El gobierno estaba absolutamente inerme para evitar esa situación y simplemente apostaba a durar lo más que le fuera posible. En esas condiciones, el 17 de julio, 18 días después de las elecciones, se produjo el golpe de García Meza.

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A fines de septiembre y a propuesta le la Confederación de Empresarios Privados, algunos partidos políticos y el vespertino “Ultima Hora”, el gobierno decidió convocar al parlamento elegido en 1980. Desde el punto de vista de 1a UDP la situación era paradójica, pues si por una parte era evidente que el congreso elegiría a Hernán Siles, por otra no era menos cierto que una eventual elección en ese momento le podía dar una cómoda mayoría absoluta que en ese congreso no tenía.

Guido Vildoso nació en Cochabamba en 1937. Se graduó en el colegio militar de ejército. Fue profesor en el colegio militar. Realizó estudios de especialización en Estados Unidos, Panamá y Brasil. Fue comandante de la escuela de comando y estado mayor de la VII división de ejército. En el gobierno Banzer fue ministro de Previsión Social y Salud Pública. Por decisión de las FF.AA. fue designado Presidente de la república cuando tenía 45 años. Entregó el mando al Presidente constitucional electo Hernán Siles. Tras dejar la presidencia se retiró a la vida privada.

En el único intento de tomar una acción correctiva ante el desmoronamiento de la economía, el gobierno decidió una medida monetaria que el país se había negado tradicionalmente a adoptar ante la debilidad del peso. Fue la “flotación” de nuestra moneda en relación al dólar, evitando así la devaluación fija y no flexible asumida en 1956, 1972 y 1979.

La caída de García Meza fue formalmente adornada como renuncia y dio lugar a una junta de gobierno integrada por los tres máximos comandantes de las FF.AA., Celso Torrelio Villa del ejército, Waldo Bernal Pereira de la aviación y Óscar Pammo Rodríguez de la Armada. Mientras Torrelio tuvo un ascenso fulgurante durante el gobierno dictatorial, los otros dos comandantes se mantuvieron en sus cargos como para demostrar que el poder garciamezista se mantenía intacto.

A pesar de que al principio casi toda las FEAA. apoyaron el golpe de estado, a medida que pasaban los meses el malestar interno se expresó con intensidad. Los excesos de este gobierno superaron incluso los criterios más “flexibles” que habían tenido determinados sectores de la fuerza armada del país en el pasado. Algunas normas básicas de convivencia interna y códigos elementales de honor fueron alterados por la dictadura que terminó siendo repudiada por la propia institución que la llevó al poder.

La década de los años ochenta marco un hecho de trascendencia histórica dramática y determinante para la realidad social, económica y moral del país; el crecimiento espectacular del narcotráfico como negocio de insospechada expansión.

El gobierno García Meza fue acusado y condenado en la corte suprema por varios negociados, entre otros el de los vidrios rayban de la piscina Olímpica de La Paz que fueron usados en casas particulares de algunos oficiales de alta graduación, la adquisición fraudulenta de maquinaria para YPFB, la compra sobrevaluada de carritos de agricultura de origen argentino y otros.