El Presidente Morales a través de su mayoría parlamentaria y tras una difícil negociación con Podemos, aprobó la convocatoria a elecciones para la Asamblea Constituyente que debía elegir 255 constituyentes y realizar el referéndum sobre autonomías. La ley indicaba que la única tarea de la Asamblea era aprobar una nueva Constitución en un tiempo máximo de un año, que sería sometida para su aprobación a un referéndum popular. La Constitución debía ser votada por dos tercios de los asambleístas.
Si bien en los primeros seis meses la situación social estuvo casi totalmente en calma, muy pronto las demandas de varios sectores, lideradas por dirigentes sindicales y gremiales en el contexto de una gran atomización, cercaron al gobierno. Uno de los ejes fue la toma de tierras en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, protagonizadas por el Movimiento sin Tierra, con dirigentes desaprensivos como Ángel Duran, con casos críticos como Las Maromas o Yuquises, resueltos pacíficamente por el gobierno, a diferencia de sus dos antecesores, pero que dieron fuertes argumentos al empresariado cruceño para atacarlo. Paros del transporte, presión de la COB dirigida por Jaime Solares (que fuera informante del gobierno de García Meza), tomas de minas por cooperativistas, bloqueos de carreteras, marchas y paros del magisterio, trabajadores en salud, desocupados y ex trabajadores estatales, toma de campos petroleros, paros y presión de líderes cívicos, empresarios y medios de comunicación crúcenos, marcaron un escenario de grave desorden social.
Un paro y bloqueo de El Alto provocó la decisión del gobierno de rescindir el contrato con Aguas del Illimani. La actitud de la empresa de no revisar un contrato a todas luces insuficiente para cubrir la demanda de agua de la ciudad, hizo imposible cualquier solución negociada. A diferencia de lo ocurrido en la guerra del agua de Cochabamba en 2000, que acabó con la salida de la empresa después de muertos y decenas de heridos, el problema se resolvió en paz.
Ese clima afectó mayoritariamente a representantes del estado y las fuerzas del orden. La violencia terrorista dejó como saldo la muerte de tres militares y dos policías, cuatro en atentados en el Chapare y uno en enfrentamiento organizado por propietarios de tierras en Beni; en ese mismo hecho murieron dos campesinos. El 31 de enero de 2004 Marino Diodato fugó de la cárcel, el 1 de marzo la fiscal Mónica von Borries que seguía su caso, fue asesinada en un atentado que destrozó su vehículo. En marzo el ex minero Eustaquio Picachuri hizo estallar en el edificio anexo del Congreso una carga de dinamita que llevaba en el cuerpo, perdiendo la vida y junto a él dos policías que trataban de disuadirlo. Por el contrario, las víctimas producto de conflictos sociales fueron menores. En septiembre do 2004 murieron dos cocaleros en un intento de toma del contingente de erradicadores de la FELCN en el parque Isiboro Sécure.