En los caminos de la Democracia. La Era del Gas. El Estigma de la Coca II (1982-1997)

Democracia Gas y Narcotráfico en Bolivia 1982-1997

La experiencia democrática, inaugurada el 10 de octubre de 1982, marcó algunos rasgos de gran trascendencia. En primer lugar se puede decir que, tanto por la composición parlamentaria de real pluripartidismo como por el respeto total a las libertades ciudadanas, incluida la libertad plena de expresión y por tanto de discrepancia pública con el poder constituido, se vivió en Bolivia una democracia genuina como no se había experimentado antes (entendiendo por tal la vigencia de la Constitución política del estado y el marco del sistema político democrático que ésta representa). Desde 1952 los gobiernos democráticamente elegidos, o coartaron severamente libertades esenciales o llegaron al poder con partidos o dirigentes políticos proscritos. Antes de 1952, aún en gobiernos que respetaban la Constitución, el sistema democrático estaba drásticamente restringido por el voto calificado. Esta realidad supuso en el primer gobierno posterior a 1982 un ejercicio frecuentemente equivocado de la democracia por parte de los protagonistas del proceso; los gobernados por exceso y los gobernantes por insuficiencia. Pero después de esa etapa, explicable tras la larga dictadura, los sujetos democráticos comenzaron a desarrollar una práctica política en el marco de la carta magna, en la que primó el sentido común y la búsqueda de consensos y acuerdos inéditos y sin parangón en América Latina, lo que permitió la gobernabilidad indispensable para el crecimiento y el progreso colectivos. Esto es una demostración de que el país maduró en la democracia.

El desafío más importante fue buscar la institucionalización del sistema democrático y garantizar su permanencia en el tiempo a través de cambios esenciales. En ese camino se reformó la Constitución política del estado, se aprobaron modificaciones al sistema judicial, uno de los más cuestionados en el país, se garantizó la limpieza y transparencia de las elecciones a través de modificaciones a la ley electoral sobre todo con la conformación de una corte e lectoral honesta e idónea. Se modificó el sistema de elección de miembros de la corte suprema de justicia, el contralor general y el fiscal general. Se aprobó la existencia de un tribunal constitucional y un defensor del pueblo. Modernización e institucionalización para fortalecer la democracia fueron las consignas que casi por consenso se lograron aprobar a lo largo de más de un período presidencial, ratificando la continuidad de ideas más allá de los partidos en el gobierno.

Desde él punto de vista del voto, se rompió la hegemonía de un partido; al hacerse cada vez más limpios los procesos electorales el gobierno no pudo manipular las elecciones. Se terminaron los candidatos que ganaban con el 60, 70, 80 y hasta 90 % de los votos. El pluripartidismo dio pie a un nuevo desafío que pasó por votaciones con mayoría relativa y no absoluta. El parlamento decidió la elección del Presidente en todas las elecciones desde 1979 hasta 2002. Por primera vez en la historia el congreso eligió al segundo (1985) y al tercero (1989) y por primera vez los partidos se vieron forzados a hacer alianzas para lograr el voto parlamentario y gobernar en coalición (ocurrió sin interrupción en 1985, 1989, 1993, 1997 y 2002).

El otro rasgo destacado de esta etapa fue que por primera vez en su historia Bolivia vivió la transmisión de mando democrática y pacífica de gobierno a oposición. Esta práctica se inauguró en 1985 cuando Hernán Siles Zuazo de la UDP-MNRI transmitió la presidencia a Víctor Paz Estenssoro del MNR. En 1989 Víctor Paz transmitió el mando a Jaime Paz de la coalición ADN-MIR, en 1993 Jaime Paz transmitió el poder a Gonzalo Sánchez de Lozada del MNR y en 1997 Sánchez de Lozada se lo entregó a Banzer de la ADN. Fue una experiencia que demostró también en este aspecto una creciente madurez de la democracia boliviana.

Pero el cambio más significativo se dio en la orientación político económica del país. El fracaso de la UDP hundió el proyecto de estado nacional y la ideología forjada en 1952. Los acelerados cambios mundiales a partir de los gobiernos de Reagan en Estados Unidos y Thatcher en el Reino Unido (1979-1988), el desmoronamiento del socialismo a partir de la caída del muro de Berlín (1989), la desaparición de la Unión Soviética y la crisis global del comunismo, afectaron severamente la orientación universal con el surgimiento de la hegemonía de los Estados Unidos y su particular dominio sobre América Latina. La economía liberal se impuso en casi todos los rincones de la tierra y Bolivia no sólo que no fue la excepción, sino que fue una de las primeras naciones del continente en aplicar un plan de ajuste económico que orientaría al país a la economía abierta o de mercado (lo comenzó a hacer en 1985 Paz Estenssoro).

El proceso de reducción del estado, el fin de la economía estatizada y el vuelco hacía un estado regulador y no administrador de los bienes nacionales y sus sistemas productivos, desataron una ola de protestas que, sin embargo, no doblegaron la nueva orientación hacia la modernidad que cuestionaba la esencia misma del estado del 52. A lo largo de 13 años (1985-2003) este giro afrontó los desafíos de combinar el liberalismo económico con una visión que termine con los indicadores sociales del país que lo ubican entre los cinco más pobres de América Latina (Bolivia pasó en los años noventa de ser el penúltimo país del hemisferio por sus indicadores sociales y de pobreza a ubicarse por encima de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Haití).

El descalabro económico de los ochenta puso a Bolivia en uno de los trances más graves de toda su historia. La recuperación económica después de 1985 fue muy lenta, el país perdió un tercio de su capacidad productiva y retrocedió una década en avances económicos. El decrecimiento del PIB por casi un lustro pulverizó el poder adquisitivo de los salarios y el nivel de vida cayó por debajo del alcanzado en los años setenta. Las exportaciones cayeron casi en un 40% y su recuperación apenas permitió en la mitad de los años noventa volver a los volúmenes de 1980. La estructura exportadora varió, dividiendo en tres partes lo que había sido en el pasado resultado de un producto (el estaño) y luego dos (minerales y gas). La caída de los precios de los minerales y el ascenso agroindustrial de Santa Cruz y de alguna industria de transformación en La Paz, llevaron a las llamadas exportaciones no tradicionales a ocupar en los años noventa más de un 45% de las exportaciones. Gas y minerales se dividieron en el otro 55%.

Nuestra relación bilateral con los Estados Unidos entró en una fase de aguda dependencia y condicionamiento por la producción masiva de coca para el narcotráfico. Las presiones norteamericanas y su injerencia en nuestros asuntos internos llegaron a grados que pueden considerarse sin precedentes. La política externa de Bolivia se “narcotizó”. Bolivia planteó respuestas propias al problema de los cultivos y la necesidad de su erradicación y acuñó el concepto de desarrollo alternativo y responsabilidad compartida, pero en los hechos Estados Unidos forzó leyes y acciones en este campo en el que nuestra autonomía quedó seriamente en cuestión.

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La apertura democrática de principios de los ochenta tuvo dos características, la recuperación total de libertades ciudadanas y la imposición de un modelo de economía abierta. El primero en el gobierno de Siles y el segundo en el de Paz Estenssoro. El desarrollo de ambos conceptos se apoyó en una democracia de pactos surgida tras la crisis de gobernabilidad de la UDP. Ante la imposibilidad de ningún candidato de lograr el 50 % más uno de los votos por más de veinte años, se impuso la lógica de lograr acuerdos entre los partidos mayoritarios para tener mayoría congresal y cogobernar.

Bolivia, igual que el resto de los países latinoamericanos (unos antes que otros) se vio ante la disyuntiva del cambio. La dictadura militar había agotado sus postulados, la sociedad estaba cansada de tres lustros de gobiernos militares de diferente cuño y esperaba ansiosa la apertura total de las compuertas de la democracia. Pero ocurría que el modelo del estado del 52 parecía mantener todavía su vigor.

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El final frustrante y amargo de la guerra hirió al país entero, pero sobre todo hirió de muerte al viejo sistema político. Al terminar el conflicto bélico se abrió un momento de transición histórica lleno de tensiones y de fuerzas contrapuestas que lucharon durante tres lustros por imponer sus diferentes visiones del país. El parto largo, lleno de meandros y de violencia, culminó finalmente en el movimiento revolucionario mayor que haya vivido Bolivia en su historia republicana, la revolución de 1952.

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