La crisis del estado. A la sombra del gas (1997-2006)

La apertura democrática de principios de los ochenta tuvo dos características, la recuperación total de libertades ciudadanas y la imposición de un modelo de economía abierta. El primero en el gobierno de Siles y el segundo en el de Paz Estenssoro. El desarrollo de ambos conceptos se apoyó en una democracia de pactos surgida tras la crisis de gobernabilidad de la UDP. Ante la imposibilidad de ningún candidato de lograr el 50 % más uno de los votos por más de veinte años, se impuso la lógica de lograr acuerdos entre los partidos mayoritarios para tener mayoría congresal y cogobernar. El primer acuerdo entre Paz Estenssoro y Banzer conocido como Pacto por la Democracia, inauguró un mecanismo que consolidó la gobernabilidad, pero a la vez estableció un circuito cerrado de poder entre tres partidos, el MNR, la ADN y el MIR, que controlaron seis gobiernos en el periodo de dieciocho años. Esta práctica acabó por desnaturalizar los importantes aportes que hicieron a la democracia, pues se creó una élite socio-económica que se enriqueció a la sombra de estos gobiernos, la lógica de prebendalismo y corrupción penetró en las estructuras de la administración y se dio una progresiva conversión de los partidos en maquinarias electorales más que en instrumentos genuinos de representación de los intereses de la sociedad. La aplicación de lo que Paz E. llamó la nueva política económica, marcó el progresivo desmantelamiento del estado, la adscripción a una economía de mercado y el intento de adaptar al país a la globalización. Las reformas del primer gobierno de Sánchez de Lozada, sin embargo, no reflejaron una política puramente neoliberal, dentro de ese marco ideológico se aplicaron elementos de cambio progresista y aún revolucionario. Es el caso de la participación popular, el proceso más profundo de descentralización de la historia con la creación de más de 300 municipios territorializados con gestión autónoma y recursos propios cedidos por el estado. En la misma línea se inscribieron la reforma educativa, la nueva ley de reforma agraria y el bonosol como una forma universal de jubilación. Pero la verdadera piedra de toque que generó la crisis social y política más grave de todo este proceso fue la capitalización de las cinco principales empresas del estado, particularmente de YPFB. Este modelo de privatización que entregó el 50 % de la propiedad a empresas transnacionales y el otro 50 % a un fideicomiso a favor de los bolivianos, reavivó la llama nacionalista que había sido prendida en 1952 y le dio a la izquierda una base para recomponerse después del desastre que sufrió la UDP. El descubrimiento de gigantescas reservas de gas, irónicamente como producto del proceso capitalizador, convirtió a este hidrocarburo en el caballo de batalla de la confrontación ideológica que desató la crisis que derribó al modelo económico y político representado por los partidos tradicionales en 2003.

La economía del país pasó en este periodo por un proceso de recuperación, desde la estabilización económica de 1986 que cortó la hiperinflación y recuperó la productividad del país, aunque con un altísimo costo social, expresado en un alto desempleo. Los principales indicadores macroeconómicos del periodo se pueden resumir así: La inflación tuvo un promedio de 81 % en el periodo 1986-89, 10,4 % en el periodo 1990-99 y 3,1 % en el periodo 2000-03. El crecimiento del PIB tuvo un promedio de 1,48 % en el periodo 1986-89, 4,01 % en el periodo 1990-99 y 2,28 % en el periodo 2000-03. Las exportaciones tuvieron un promedio de 657,3 millones de dólares en el periodo 1986-89, 1.103,6 en el periodo 1990-99 y 1.473,7 en el periodo 2000-03. La inversión pública tuvo un promedio de 494 millones de dólares en el periodo 1990-99 y 577 en el periodo 2000-03. El ingreso per-capita siguió en el 2003 como el más bajo de América del Sur, con solo 875 dólares.

A pesar del avance en indicadores sociales como menor analfabetismo, mortalidad infantil y materna, desnutrición, etc., las condiciones generales de la población no mejoraron de modo sustantivo, los niveles de pobreza extrema paliados relativamente, mostraron muy pronto que las promesas hechas en 1985 de que el ajuste de cinturones permitiría el despegue del país, no se pudieron cumplir.

Las tendencias de cambio en Bolivia se enmarcaron en un contexto latinoamericano en el que se había agotado una política económica con escasos resultados sociales y altos niveles de corrupción, todos esto marco un viraje regional hacia posiciones de izquierda. La desestabilización y renuncias forzadas de Presidentes a través de movilizaciones callejeras, fue un fenómeno que se dio en varios lugares del continente. También la emergencia indígena se produjo en otras naciones del área andina como Perú y Ecuador, lo que marcó cambios en la política de esos países.

A todos estos factores se sumó un proceso de recesión económica muy duro que se inició en 1999 y duró hasta 2002. Este fue el punto de inflexión histórica de la nueva democracia. El gobierno de Banzer enfrentó el comienzo del desmoronamiento de las relaciones entre el estado y la sociedad expresado en abril de 2000 en la llamada “guerra de agua”. Desde ese momento, el estado fue perdiendo terreno en la imposición de la autoridad constitucional y el control básico del orden. Se olvidó la idea de que el cumplimiento de la ley es la base de las relaciones civilizadas de una sociedad. La ley fue, como todo en los conflictos, sujeto de negociación. La historia comenzó a cobrar las facturas de la exclusión, la discriminación y el racismo. El modelo se desplomó y con él sus líderes y partidos históricos. El gobierno de Mesa inició un proceso de profundos cambios en el sistema político y giró la política de estado hacia una visión nacionalista. El discurso anti sistema, no era solo de carácter social y económico, sino también cultural, étnico y regional. Tras la desaparición de los liderazgos populistas de los noventa de Palenque y Fernández, surgió el caudillismo indígena expresado primero en Felipe Quispe y luego en Evo Morales, que condujo a la elección de un Presidente de raíz indígena, nacido en las duras confrontaciones del sindicalismo cocalero con el estado. Para ello sin embargo, Bolivia tuvo que sufrir una escalada de violencia, con su punto más dramático en octubre de 2003 con un saldo de 70 muertos. El llamado “empate catastrófico” entre dos corrientes ideológicas, étnicas, sociales y económicas que no pudieron imponer su hegemonía comenzaba a definirse.

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La experiencia democrática, inaugurada el 10 de octubre de 1982, marcó algunos rasgos de gran trascendencia. En primer lugar se puede decir que, tanto por la composición parlamentaria de real pluripartidismo como por el respeto total a las libertades ciudadanas, incluida la libertad plena de expresión y por tanto de discrepancia pública con el poder constituido, se vivió en Bolivia una democracia genuina como no se había experimentado antes (entendiendo por tal la vigencia de la Constitución política del estado y el marco del sistema político democrático que ésta representa).

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