El problema de la sucesión presidencial acabó por desmoronar toda la estructura del partido de gobierno. Víctor Paz Estenssoro decidió ir a la reelección, un grave error político. Inmediatamente varios sectores del MNR declararon su oposición.
El gobierno revolucionario optó por la aplicación de métodos violentos y represivos que garantizaran lo que en los hechos fue una dictadura de partido. El 23 de octubre de 1952 (D.S. 02221), se establecieron prisiones bajo administración militar en Corocoro (La Paz), Uncía (Potosí), Catavi (Potosí) y Curahuara de Carangas (Oruro). Tres de los cuatro campos estaban ubicados en importantes centros mineros. Por una lado los militares y por otro los mineros, fueron convertidos en custodios de campos de concentración. Allí eran llevados presos los opositores que eran vejados y torturados sin contemplaciones.
En Catavi en 1953 había un contingente de 131 presos, en Curahuara entre 1953 y 1954, 245 presos. Se justificó estos excesos con el argumento de que se ejercía una violencia revolucionaria y antioligárquica para sostener la estabilidad de la Revolución. Este es uno de los rasgos más criticables de ese proceso político en el que la intransigencia y los abusos se convirtieron en moneda corriente, agudizando una práctica que fue común en el pasado (los gobiernos de Hertzog y Urriolagoitia por ejemplo, usaron la isla de Coati en el lago Titicaca como cárcel de los presos políticos). La etapa más dura de la represión le correspondió al ministro de Gobierno Federico Fortún. Nombres como Claudio San Román, Luis Gayan Contador, Emilio Arze Zapata, Alberto Bloomfield, Rene Gallardo, Juan Peppla y Adhemar Menacho son de triste memoria para muchos ciudadanos que sufrieron el funcionamiento del llamado “control político”. Unos a la cabeza de todo el sistema represivo, otros dirigiendo campos de concentración, otros en acciones directas de tortura y vejación de los detenidos.